Chihuahua, Chih.- La vocera del Gobierno Municipal, Mariana de Lachica Huerta, celebró la decisión de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ratificó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE) sobre la revocación de las medidas cautelares impuestas al alcalde Marco Bonilla y a ella misma. Estas medidas habían sido dictadas por la Comisión de Quejas del Instituto Estatal Electoral (IEE), que les prohibía hacer señalamientos relacionados con la diputada Brenda Ríos en el contexto de una queja por violencia política de género. De Lachica destacó que la resolución «queda clara lo que nosotros denunciamos desde el principio», asegurando que las medidas cautelares eran «absolutamente sesgadas con una intención política».
En su declaración, la vocera subrayó que la Comisión de Quejas del IEE actuó de manera «absolutamente indebida», al intentar responsabilizar al alcalde y a ella misma por cuestiones ajenas a su accionar. «Se nos quería hacer responsables de una serie de cuestiones que nada tenían que ver ni con el alcalde ni con su servidora, que eran alguna cobertura mediática que habían hecho los medios en su labor informativa y algunos contenidos de redes sociales de personas que no son ajenas y desconocidas», afirmó.
De Lachica también mencionó que la decisión de la Sala Guadalajara reafirma lo que ella había advertido desde el inicio, destacando que el Tribunal Electoral «resolvió conforme a derecho». Aseguró que la Sala no encontró «ningún tipo de relación directa» entre las publicaciones mediáticas y las conductas de los involucrados, ni con las publicaciones en redes sociales que hacían alusión a la denunciante, como indicó el fallo.
Finalmente, Mariana de Lachica reiteró que la resolución representa un triunfo de la justicia. «Celebramos que ya la justicia en el ámbito federal tenga este pronunciamiento como última palabra», concluyó, resaltando que la resolución confirma que «la verdad prevaleció», al señalar que las acciones de la Comisión de Quejas eran un intento de «manchar la imagen del alcalde Marco Bonilla».
