Logra Fiscalía Anticorrupción mantener firme condena contra excolaboradora de la UACH frente a intentos de la defensa para que cumpliera pena en libertad

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua consiguió, en audiencia reciente, la sentencia y condena contra Lorena Leos Ramírez, toda vez que el Ministerio Público de esta representación social se opuso a la solicitud de la defensa de la sentenciada quien buscaba obtener nuevamente el beneficio de la condena condicional para cumplir su pena en libertad o en su caso la sustitución de prisión.

Durante la audiencia, la defensa de la sentenciada propuso el pago de la reparación del daño como condición para la concesión del beneficio. No obstante, la Fiscalía explicó que dicha petición no era procedente, ya que Leos Ramírez previamente incumplió con las obligaciones impuestas por el juez, entre ellas, el pago de la reparación del daño, el pago de la multa y su comparecencia periódica ante el Departamento de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene como prioridad la recuperación de activos y la restitución de los recursos públicos afectados por actos de corrupción, por lo que es importante precisar que el pago de la reparación del daño es un requisito legal indispensable para que pueda considerarse cualquier modificación en su situación jurídica. En este caso, dicho pago no ha sido cubierto en su totalidad, por lo que la solicitud de la defensa no pudo ser concedida.

Cabe recordar que Leos Ramírez fue sentenciada a cumplir una pena corporal por 2 años 8 meses de prisión, ya que anteriormente, como técnica del departamento de encefalograma en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de manera indebida usó un encefalógrafo, propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, obteniendo un beneficio económico propio, generando una pérdida económica a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Con este caso, la Fiscalía Anticorrupción reafirma su compromiso con la legalidad y la lucha contra la corrupción, garantizando que las sanciones impuestas se cumplan con estricto apego a derecho y en defensa del patrimonio público.