Senado exhortará a los estados de oposición a garantizar los apoyos a las personas con discapacidad

La Comisión de Bienestar del Senado de la República, presidida por la Senadora Andrea Chávez Treviño, llevó a cabo su segunda reunión ordinaria, en la que se analizaron y aprobaron dos dictámenes clave en
materia de derechos para las personas adultas mayores y las personas con
discapacidad.

Durante la sesión, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos, Primera, a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 16, 18, 30 y 40 de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores. La Senadora Andrea Chávez Treviño explicó que esta iniciativa busca actualizar la denominación de la Secretaría
de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar, garantizando la homologación con la estructura actual del gobierno federal y evitando confusiones en la aplicación de la normatividad.

Asimismo, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Bienestar y de
Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo cuarto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta reforma refuerza la prioridad de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, asegurando que sean sujetos
prioritarios en las acciones afirmativas para su integración social. La Senadora Chávez Treviño recordó que esta reforma se alinea con la modificación constitucional previamente aprobada para garantizar el
acceso equitativo a los derechos de las personas con discapacidad.

Durante la sesión, la Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz respaldó la minuta y propuso un exhorto a los gobiernos estatales de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro para que formalicen convenios con el gobierno federal y amplíen el apoyo a
personas con discapacidad. Destacó la importancia de que estos estados asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su acceso a programas de apoyo.

Por su parte, el Senador Armando Ayala Robles se sumó a este llamado, subrayando que estos estados, gobernados por la oposición, han obstaculizado la universalización de este derecho. Resaltó que el programa federal otorga un pago bimestral de 3,200 pesos a personas de 0 a 64 años en entidades que han firmado convenios con la administración federal. Sin
embargo, en las ocho entidades mencionadas, la falta de acuerdo impide que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de este apoyo.

El Senador José Manuel Cruz Castellanos enfatizó la importancia de realizar un diagnóstico adecuado sobre la discapacidad y revisar la definición operacional de este concepto para mejorar la implementación de los programas de apoyo. Subrayó la necesidad de contar con información
precisa para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan, fortaleciendo la política pública en la materia.

Finalmente, la Senadora Andrea Chávez Treviño recordó que la Comisión aprobó por unanimidad elevar a rango constitucional el apoyo a las personas con discapacidad y destacó la necesidad de que los tres niveles
de gobierno asuman una responsabilidad compartida en la aplicación de
estos derechos. Señaló que en entidades como Chihuahua, el apoyo alimentario para personas con discapacidad se otorga de manera discrecional y en periodos electorales, lo que refuerza la importancia de universalizar los programas sociales y blindarlos contra intereses partidistas.

Asimismo, informó que en su reciente reunión con la Secretaria de Bienestar se tocó, entre otros temas, que exista un acercamiento con la Comisión para discutir la implementación de estos programas y resolver dudas sobre su
ejecución. Este encuentro, dijo, permitirá fortalecer la coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en materia de bienestar social.