Por: Profr. Rafael Caballero Alamillo
El día de ayer, miércoles 19 de febrero de 2025, una comisión de compañeros afectados en torno al tema de malas retenciones y demás tópicos relacionados con las prestaciones de seguridad social, estuvimos en una “mesa informativa”, así lo llamaron los anfitriones, Andrés Perez Howlet, coordinador de asesores de la secretaría general de gobierno y, Jorge Alvarado, titular de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado. Fuimos invitados por gestión del comité ejecutivo de nuestra Sección 42 del SNTE.
Cuando se nos hizo la invitación pensábamos que presenciaríamos su participación en dicha mesa, sin embargo, a pesar de que estuvimos acompañados por coordinadores y coordinadoras regionales, secretarios y secretarias de organización, conflictos e incluso de asuntos jurídicos, realmente las participaciones fueron casi exclusivas de los compañeros afectados y los anfitriones. Nos llevaron nomás a encararnos para que de nuestra viva voz se conocieran nuestras inquietudes y propuestas.
Evidentemente no se trataba de ninguna negociación, esa facultad recae en el comité, pero cuando menos pudimos externar los argumentos que hemos venido promoviendo al interior de nuestras filas como agremiados y conocer de primera mano la postura de PCE y Gobierno.
La reunión comenzó con la presentación de cada uno de los presentes y posteriormente con la explicación del Lic. Alvarado de la situación legal en la que la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua ubica a tres grupos de trabajadores. Una vez abordado eso se comenzó con las participaciones de los compañeros. Se tocaron diversas situaciones como la validez del Acuerdo 2012, la ambigüedad de la ley al no mencionar de manera explícita una pensión por jubilación para el régimen de transición, los errores en las retenciones pero también en las aportaciones del patrón, la responsabilidad de hacienda de subsanar los errores de encontrarse ciertos, la indemnización que tendría que hacerse por los rendimientos no generados en las cuentas individuales de los compañeros en esta situación, la propuesta de hacer una adición a la ley para incluir los preceptos del acuerdo 2012 y dar certeza a los agremiados que protege dicho documento.
Por parte de las autoridades la postura fue contradictoria. Se insistió una y otra vez en que no se puede hacer nada que no esté en la ley, pero cuando argumentamos que en la ley se encuentra expresa la responsabilidad del patrón en las retenciones y que sus errores u omisiones no deben recaer en perjuicio del trabajador, mágicamente se olvidaron de apegarse a ello. Nos manejaron un argumento absurdo, una falacia, diciendo que el 4% no retenido nos lo había estado pagando Hacienda como excedente de nuestro salario y que Hacienda no quiere pagar doble ese porcentaje. Aclaramos inmediatamente que ese 4% no es ningún excedente, corresponde a nuestro salario y la responsabilidad de haberlo retenido y enterado a Pensiones es de hacienda. Al ser omisos en la retención, son responsables y deben subsanar el error y además los rendimientos no generados en los casos de los compañeros en cuentas individuales.
Se abordó la situación del compañero que habiendo cumplido con los requisitos que establece la ley para acceder a una pensión por antigüedad, esta le fue negada hasta que se pagara el adeudo. Fuimos muy claros y contundentes en decir que Pensiones Civiles del Estado está secuestrando nuestras prestaciones y está extorsionando de manera institucional a los compañeros, condicionando las pensiones al pago de un adeudo que es responsabilidad del patrón.
La negativa a nuestros planteamientos fue más constante que su apego a la ley. El Lic. Alvarado mencionó en varias ocasiones que hay cosas que Pensiones Civiles del Estado no hará hasta que una autoridad jurisdiccional se lo dicte, dando a entender que la vía jurídica es una posible solución y dejando claro que de ninguna otra forma se materializarán nuestras pretensiones.
Cuando preguntamos cuál es entonces el ofrecimiento que ellos hacen, se nos habló de un plan de pagos. El profesor Juan Diego, de la región norte, destacó que ese ofrecimiento ni si quiera debería ponerse en la mesa cuando lo más claro que tenemos es que la responsabilidad de pagar recae en el patrón.
Finalmente, se pidió conocer la postura de nuestros representantes sindicales, quienes no habían participado, excepto por la maestra Erika Gabriela, quien intervino para solicitarle al Lic. Alvarado que fuera respetuoso de los turnos de participación, ya que se habría puesto a atropellar la palabra e incluso a reírse del caso en el que se condicionaba una pensión al pago del adeudo. El profesor Rolando Padilla mencionó que la postura del sindicato es en torno al documento que se hizo llegar a la gobernadora el 24 de octubre pasado. También dijo que el comité reafirma su respaldo a nuestra situación y reiteran su postura de que el pago de tal adeudo no debe ser asumido por los trabajadores y que seguirán insistiendo en que se respete el acuerdo de 2012. Remarcó que es importante contar con un ofrecimiento ya que hasta el momento solamente se ha abordado por parte de las autoridades la posibilidad de un plan de pagos, para lo que, sorprendentemente, solicitó un simulador.
En mi opinión, no hay voluntad por parte de Pensiones ni por parte de Hacienda para resolver estas situaciones de la manera más favorable para los agremiados afectados, por el contrario, ellos buscan exclusivamente soluciones que les representen el menor costo financiero y político, sin tomar en cuenta que se trata de trabajadores de la educación, de familias con proyectos de vida que dependen de esto y que hoy por hoy nos tienen sin ninguna certeza laboral. Así no puede haber negociación, menos cuando su actuar tiene características delictivas. Referente a nuestra representación sindical… tibia, demagógica, insuficiente. Para ellos lograr que no paguemos es la meta.
Pues no, nuestro objetivo es conservar una forma de jubilación digna, el adeudo es solamente una situación colateral para la mayoría. Agradecemos sus buenas intenciones, pero no serán suficientes.
Es tiempo de emprender acciones legales, llevar esto a los tribunales y obligar a las autoridades inhumanas y delincuentes a que nos traten con dignidad y respeten nuestros derechos, como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tercer párrafo del Artículo 1°:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Hasta aquí mi reporte.
