- Chihuahua se mantiene como uno de los estados más peligrosos para esta población, con un alto índice de crímenes de odio, y un congreso omiso en legislar sus derechos.
-Buscan que este juicio obligue al gobierno de Maru Campos y al Congreso a destinar una partida presupuestal para resolver estos problemas, como ya está pasando en otros Estados.
Chihuahua, Chih. – Defensoras y defensores de Derechos Humanos de la población de la diversidad sexual y de género demandaron ante el Poder Judicial de la Federación a la Gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván, así como al Congreso del Estado de Chihuahua por no incluir una partida presupuestal destinada a atender las necesidades de la población de la Diversidad Sexual y de Género en la Ley de Egresos 2025. El amparo fue admitido el pasado 10 de febrero por el Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua, bajo el número de expediente de amparo indirecto 288/2025.
El amparo señala que pese a que el presupuesto de Chihuahua sí contempla partidas presupuestales dirigidas a varios grupos de población en estado de vulnerabilidad, no contempla a la población de la diversidad sexual y de género, lo cual es un claro acto de discriminación directa contra alrededor de 140 mil personas pertenecientes a esta población en Chihuahua, según datos del INEGI.
Una sentencia favorable obligaría a las autoridades estatales a destinar parte del presupuesto a crear políticas públicas para atender a la población LGBT+ de Chihuahua, como ya sucedió en estados como Yucatán, Guanajuato y Estado de México.
“Es importante decir que no queremos anular o entorpecer el presupuesto, sólo que se nos incluya, se nos tome en cuenta. No estamos pidiendo apoyos económicos o becas, ni dinero para los que interpusimos la demanda. Quiero ser muy claro: lo que exigimos es que el gobierno diseñe e implemente programas que vayan enfocados en atender las necesidades específicas de la población de la diversidad sexual y de género” señaló David Adrián García, director de Altavoz LGBT+, y añadió que serán el gobierno y el congreso quienes en última instancia determinen qué programas se harán y cuánto dinero se les destinará.
Sin embargo, señalaron que tienen disposición a trabajar con los funcionarios públicos para exponerles sus propeustas, entre las que están un programa de atención a la salud mental de la población LGBT+, especialmente a la prevención del suicidio, al ser Chihuahua el estado con más casos a nivel nacional; acceso gratuito a anticonceptivos para mujeres de la diversidad; refugios seguros; programas para prevenir la discriminación en el empleo; y una Clínica de Atención Especializada a las Personas Trans, a quienes es frecuente que se les discrimine en el servicio médico público.
En el Estado de México este año 2025 se destinarán más de 36 millones de pesos a varias políticas como: inversión en hospitales de alta especialidad para garantizar el acceso a la salud de las personas LGBT+; se creará el primer refugio para mujeres lesbianas, bisexuales y trans operado con recursos públicos; y se implementará una Unidad Especializada para atender la violencia escolar hacia las personas LGBT+ en todos los niveles; entre otros programas sociales.
Proyectos de la sociedad civil como el “Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT” o la plataforma “Visible” han documentado decenas de agresiones y asesinatos relacionados con la orientación o la identidad de las personas, en el estado de Chihuahua. A nivel nacional, se mantiene como uno de los estados más peligrosos para esta población.
En el ámbito legislativo, el Congreso de Chihuahua es uno de los más omisos del país en derechos LGBT+, pues Chihuahua forma parte de los últimos 3 estados mexicanos que todavía no legisla el matrimonio igualitario (aunque en la práctica cientos de parejas de gays y lesbianas se han casado sin necesidad de amparo desde 2015 por orden ejecutiva del ex gobernador César Duarte), ni tampoco tiene en su ley la adecuación de identidad de género para las personas trans (que también se realiza sin amparo desde 2019 por orden judicial).
“Pareciera que en este estado si no es a base de demandas y amparos no avanzamos” dijo David Adrián, y añadió: “Algunos diputados y diputadas de ahora y de anteriores legislaturas han dedicado su tiempo en el puesto a promover discurso de odio y obstaculizar derechos, en lugar de hacer su trabajo: legislar”.
Los demandantes forman parte de las organizaciones chihuahuenses Altavoz LGBT+, Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, Sáficas del Norte, Sociedad Civil Morrxs Autónomxs y Comité de la Diversidad Sexual de Delicias, y son asesorados por la organización AMICUS DH.
Los activistas se mostraron optimistas en que Chihuahua se una a los estados que ya ganaron este amparo, y esperan que tanto la gobernadora Maru Campos, como el Congreso del Estado, vean este litigio como una posibilidad de mejorar la vida de miles de chihuahuenses de forma tangible, y reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades en el diseño de estas políticas.
