La diputada Herminia Gómez de Morena, presentó una serie de preguntas ante el Poder Legislativo exigiendo una investigación exhaustiva sobre diversas irregularidades denunciadas en escuelas y Centros de Atención Múltiple (CAMs) del estado de Chihuahua, especialmente del 7009 y 7010, las cuales solo han sido ventiladas en los medios de comunicación pero no hay información por parte de las autoridades educativas.
Gómez se refirió que se han presentado denuncias por la renta de espacios en el Cams en al menos cuatro ocasiones para eventos religiosos privados, con costos de hasta 700 pesos por familia, los cuales supuestamente ocurrieron bajo el conocimiento de las autoridades educativas.
La diputada también dijo que se ha dado denuncias sobre la exhibición no autorizada de fotografías y videos de alumnos del turno vespertino, captados por las cámaras de seguridad de una institución educativa. Este hecho, según Gómez, ocurrió durante una reunión interna.
Otro punto crucial de la denuncia se centró en el cierre de accesos al CAM 7504, ubicado en la colonia Pacífico, el 19 de mayo de 2025. Padres de familia colocaron cadenas y candados en protesta por la remoción de salones de clase, los cuales fueron entregados a USAER.
En relación a estos hechos, la diputada Gómez solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte, así como a las instancias responsables de la supervisión de los CAMs, que asuman su responsabilidad y tomen medidas para corregir las irregularidades. El objetivo, según la diputada, es garantizar la atención adecuada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.
La diputada planteó cinco preguntas específicas a la Secretaría de Educación y Deporte. La primera indagaba sobre la investigación realizada sobre las denuncias en los campos 7009 y 7010, relacionadas con la restricción de acceso a espacios comunes y el uso de instalaciones para eventos religiosos.
La segunda pregunta se enfocó en los lineamientos que regulan el uso de instalaciones escolares públicas. La tercera cuestionó el protocolo para el uso, resguardo y difusión del material audiovisual captado por cámaras de seguridad en escuelas públicas, incluyendo las medidas tomadas en caso de violación del protocolo.
La cuarta pregunta se centró en las medidas para asegurar el acceso equitativo y libre de discriminación a los CAMs para personas con discapacidad. Finalmente, la quinta pregunta solicitó el resultado de las investigaciones sobre los CAM 7009 y 7010, o las acciones a las que se hacen acreedores según la normativa.
Gómez enfatizó la falta de información pública sobre los resultados de las investigaciones y las manifestaciones realizadas. Señaló una «guerra mediática» con argumentos y confesiones que apuntan a la renta de instalaciones para reuniones de hasta 100 personas, incluyendo la denuncia de la restricción de funciones a una autoridad de uno de los campos.
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