OPINIÓN

El derecho a disentir nos consagra como una sociedad democrática

Por: Patricio Rodríguez Palma

En los últimos días hemos visto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, amenazar con demandar a Luisa María Alcalde. No nos engañemos: esto no se trata de proteger el honor ni de buscar justicia. Es, más bien, una maniobra política torpe y oportunista, pensada para hacer ruido y tratar de ganar reflectores bajo la sombra del proyecto de transformación que hoy encabeza el gobierno federal.

Cuando una figura pública responde a la crítica con amenazas legales, demuestra dos cosas: falta de argumentos y desesperación. Y en este caso, además, hay un intento evidente de golpear no solo a Luisa María, sino al entorno cercano del presidente López Obrador, con la esperanza de minar su legado y generar desgaste político.

Pero quienes conocemos la historia de lucha de la familia Alcalde sabemos que esta clase de ataques no vienen de frente a un vacío: vienen contra personas que han entregado su vida a causas profundas. La madre de Luisa María, Bertha Luján, no solo es referente de la izquierda mexicana; en Chihuahua trabajó mano a mano con los trabajadores, organizándolos, formándolos, acompañándolos en tiempos donde la defensa laboral era prácticamente heroica. Y lo sé no por terceros: Bertha es amiga. La he visto con mis propios ojos actuar con honestidad, humildad y una profunda convicción democrática.

El padre de Luisa María, Arturo Alcalde, fue pieza clave en una reforma laboral histórica para México, donde por fin se puso en el centro la dignidad del trabajador y no los intereses de las élites económicas. ¿Eso molesta? Claro que molesta. Porque cuando se cuestiona al poder real —el económico—, las reacciones no tardan en llegar.

Luisa María no aparece de la nada ni responde a caprichos personales. Su trayectoria es la consecuencia natural de una formación ética, de un compromiso heredado, vivido y asumido. No es oportunismo: es coherencia.

Y desde mi trinchera, como maestro de educación indígena, reconozco ese tipo de trabajo y lo valoro. Quienes caminamos la lucha social desde abajo sabemos que esto no va de cargos ni de egos. Va de convicción. Va de creer que México merece un país más justo, donde los pueblos originarios, los trabajadores y las comunidades más olvidadas puedan vivir con dignidad y con voz propia.

Por eso, ante esta amenaza disfrazada de demanda, no dudo en expresar mi solidaridad con Luisa María Alcalde. No porque forme parte de una élite —porque no lo es—, sino porque representa una tradición de lucha honesta en la que también creo y en la que trabajo cada día desde las aulas y las comunidades indígenas.

Las ambiciones personales se desgastan; las convicciones permanecen. Y frente a quienes hoy usan la ley como herramienta de espectáculo político, la mejor respuesta es seguir firmes, seguir trabajando y no olvidar que la justicia verdadera no se grita: se construye.

“Discúlpenme por los inconvenientes que esto pueda causarles”

Tonachi, Guachochi Chih a 1 de Noviembre del 2025

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