Por: Patricio Rodríguez Palma
La democracia en México sigue siendo incompleta mientras los pueblos originarios no participemos plenamente en la toma de decisiones que afectan nuestra vida, nuestra tierra y nuestra cultura.
La imposición de autoridades no indígenas en espacios donde se definen políticas para nuestras comunidades no es un error administrativo: es una forma de exclusión. Es perpetuar la idea de que otros pueden hablar por nosotros, que otros pueden decidir mejor que nosotros. Y eso, en esencia, niega el principio más básico de la democracia.
La historia de la educación indígena en México refleja con crudeza esta contradicción. Desde las primeras escuelas rudimentarias de 1911, el objetivo no fue fortalecer nuestras culturas, sino transformarnos, moldearnos, integrarnos a una lógica ajena. Se nos enseñó a abandonar nuestras lenguas, nuestras formas de ver el mundo, nuestras raíces. La educación fue, durante mucho tiempo, una herramienta de asimilación, no de reconocimiento.
Y sin embargo, resistimos.
Hoy se habla de educación intercultural, plurilingüe, de una Nueva Escuela Mexicana que busca incluir. Pero la realidad en muchas comunidades indígenas —particularmente en regiones como la Sierra Tarahumara— sigue marcada por la distancia, el abandono y la desigualdad. Hay niñas y niños que caminan horas para llegar a una escuela, si es que hay una. Hay comunidades enteras donde la educación sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado.
La educación no puede seguir siendo un proyecto centralizado que se diseña desde escritorios lejanos. Las escuelas deben estar donde está la gente: en las comunidades, incluso en las más apartadas. Y no solo como infraestructura, sino como espacios vivos que reconozcan, respeten y fortalezcan la identidad de quienes las habitan.
Porque educar no es imponer. Educar es dialogar.
En este punto, conviene recordar a una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional: Benito Juárez. Indígena zapoteco, nacido en condiciones de pobreza, hablante de una lengua originaria, Juárez no solo accedió a la educación, sino que la convirtió en herramienta de transformación personal y colectiva. Su formación, su disciplina y su erudición lo llevaron a ocupar la presidencia de la República.
Su historia no es una excepción que deba romantizarse; es una prueba de lo que ocurre cuando el acceso a la educación se convierte en una realidad y no en una promesa. Juárez no dejó de ser indígena para gobernar. Gobernó desde su origen, desde su historia, desde su identidad.
Eso es lo que falta hoy.
No necesitamos intermediarios que interpreten nuestras necesidades. Necesitamos representantes que surjan de nuestras comunidades, que hablen nuestras lenguas, que comprendan nuestras problemáticas desde dentro. La democracia no se trata de incluirnos simbólicamente, sino de reconocernos como sujetos políticos plenos.
Los pueblos originarios somos la raíz de este país. No una nota al pie, no un vestigio del pasado, sino una presencia viva que sigue construyendo el presente. Y si somos parte fundamental de México, entonces debemos ser parte fundamental de sus decisiones.
Democracia será cuando nuestros derechos sean respetados.
Democracia será cuando nuestra autonomía no sea negociable.
Democracia será cuando nadie decida por nosotros sin nosotros.
Y la escuela —esa que llega hasta el último rincón, que enseña sin borrar, que forma sin imponer— debe ser el primer paso hacia esa democracia pendiente.
Es hora que entiendan y comprendan que existe capacidad para cualquier encomienda como pueblos originarios
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