Por: Felipe Villa
Introducción
En el discurso público, la educación superior pública suele enarbolar la bandera de la equidad, la movilidad social y el desarrollo nacional, sin embargo, al observar cómo se distribuyen los recursos económicos y el talento científico en México, la realidad desmiente la retórica porque vivimos en un país profundamente centralista, donde el código postal de una universidad determina si sus estudiantes tendrán acceso a laboratorios de vanguardia o si sus profesores tendrán que marchar en diciembre para exigir el pago de su salario. En este escenario, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —nuestra máxima casa de estudios— se erige como un gigante indiscutible, pero su modelo de financiamiento refleja un espejismo: la ilusión de un sistema nacional que, en la práctica, privilegia de forma desproporcionada al centro del país y condena a las universidades estatales a una asfixia crónica.
La balanza rota y los estadios mundialistas
Para entender la magnitud de la brecha, basta mirar las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el ciclo presupuestal actual, la UNAM tiene asignados más de 52,000 millones de pesos anuales. En un contraste abrumador, la suma total de los déficits financieros y deudas que arrastran todas las Universidades Públicas Estatales del país combinadas (alrededor de 42,600 millones de pesos) es menor que el presupuesto garantizado para una sola institución en la capital.
En el imaginario popular, a menudo se señala con asombro que la UNAM es tan grande que su ecosistema alberga a un equipo de fútbol profesional de primera división. Si bien es cierto que el club profesional opera financieramente como una asociación civil independiente del presupuesto académico, la realidad que subyace a este hecho ilustra perfectamente la asimetría nacional. La universidad posee la infraestructura monumental de un estadio mundialista (el Olímpico Universitario) cuyo mantenimiento sí involucra a la institución y un ecosistema institucional capaz de cobijar una franquicia deportiva y comercial de esa magnitud.
Mientras en el centro existe esta infraestructura faraónica, instituciones históricas en los estados a duras penas pueden mantener instalaciones deportivas o de investigación básicas, y deben suplicar ampliaciones extraordinarias a la Secretaría de Hacienda cada cierre de año simplemente para poder pagar la nómina y los aguinaldos de sus académicos.
La ilusión de la gratuidad: 20 centavos frente a miles de pesos
Esta asimetría presupuestal no solo afecta a los edificios, tiene un impacto directo y doloroso en el bolsillo de las familias mexicanas y a pesar de que la legislación promueve la gratuidad de la educación superior, en la práctica, esta es un privilegio geográfico. Mientras que en la UNAM el costo oficial de la colegiatura es de unos simbólicos 20 centavos al año —permitiendo que la educación sea verdaderamente gratuita para quienes radican en la capital—, en los estados la realidad es diametralmente opuesta porque al carecer del subsidio federal masivo que goza el centro, las universidades estatales se ven obligadas a trasladar parte de su déficit a los estudiantes para poder operar.
Un claro ejemplo se vive en el norte del país: un joven que ingresa a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) debe desembolsar entre 4,000 y 5,000 pesos por semestre por concepto de inscripción, es decir, un estudiante de universidad pública en los estados paga en un solo semestre miles de veces más de lo que paga un capitalino por toda su carreray por esta razon, la gratuidad en México, lamentablemente, sigue dependiendo de dónde se nace.
El monopolio de la investigación: El hoyo negro del centro del país
Si el presupuesto es la sangre del desarrollo académico, la investigación es su corazón, y aquí el centralismo margina cruelmente a los estados. El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) —el padrón de élite científica de nuestro país— refleja fielmente esta disparidad.
De acuerdo con los registros recientes del Conahcyt, de un universo nacional que supera los 43,900 investigadores vigentes, una sola institución, la UNAM, concentra cerca del 15% de todo el talento científico de la república (más de 6,000 investigadores). Pero el problema no se detiene en Ciudad Universitaria. Si ampliamos la lente a la zona conurbada y estados aledaños, el panorama es aún más desolador para el federalismo porque la región centro del país —conformada primordialmente por la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla— concentra prácticamente a la mitad de todos los investigadores del padrón nacional, es decir, más de 20,000 científicos de élite se aglomeran en un radio geográfico minúsculo.
Mientras esta región absorbe la inmensa mayoría de las mentes brillantes, el resto de la república debe repartirse lo que queda. En el otro extremo existen instituciones de educación superior pública estatales que operan con un porcentaje estadísticamente nulo y decenas de Universidades Politécnicas Estatales, Tecnológicos locales y Universidades Interculturales a menudo cuentan con cero investigadores adscritos al SNI, o sobreviven con uno o dos en toda la institución y que una universidad estatal tenga cero o apenas una decena de investigadores no significa que falte capacidad intelectual, es mas bien la consecuencia directa de un diseño presupuestal que centraliza los recursos en una sola región.
Las consecuencias en el desarrollo estatal y la evaluación educativa
Esta disparidad golpea directamente el corazón de nuestras aulas. Quienes trabajamos en el diseño y la implementación de sistemas de evaluación educativa y en la consolidación de paradigmas como la Nueva Escuela Mexicana, vemos esta barrera claramente. Exigimos actualización constante, procesos formativos de excelencia y la resolución de problemáticas locales, pero a menudo ignoramos que los docentes y profesionistas que deben liderar ese cambio se forman en universidades desfinanciadas, aisladas de la producción científica.
Las consecuencias son tangibles:
Fuga de cerebros forzada: Los estudiantes e investigadores más brillantes de los estados se ven obligados a migrar al centro del país para acceder a la infraestructura que sus estados no les pueden ofrecer.
Desarrollo regional estancado: Al limitar la capacidad científica local, se frena directamente la investigación aplicada que resolvería los problemas agrícolas, industriales y sociales específicos de cada estado.
Falsa equidad: La educación superior deja de ser equitativa cuando el acceso a la mejor investigación y a la mejor infraestructura (ya sea científica o deportiva) está geográficamente restringido a quienes pueden costear una vida en la zona metropolitana.
Nivelar hacia arriba, no hacia abajo
Es vital aclarar que exigir justicia para las universidades estatales no significa recortarle el presupuesto a la UNAM o a las instituciones metropolitanas, es mas bien mencionar que quitarle fondos al centro del país sería un retroceso inaceptable para México y la solución no es desmantelar lo que funciona, sino construir capacidades donde el Estado ha estado ausente. El talento intelectual, la vocación docente y el potencial científico están distribuidos equitativamente a lo largo de los casi dos millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio; lamentablemente, el presupuesto no lo está y la descentralización del conocimiento no es un capricho administrativo, es una urgencia de justicia social y viabilidad económica para México.
Es imperativo diseñar una fórmula de financiamiento como verdadera política de Estado, que garantice un piso presupuestal equitativo por estudiante a nivel nacional y fomente la radicación de investigadores en las entidades federativas porque no podemos exigirle a las universidades de los estados que lideren la transformación social y educativa de sus comunidades si año con año las condenamos a la supervivencia institucional. Hasta que no financiemos la docencia y la investigación de la periferia con la misma dignidad que al centro, seguiremos siendo un país de ciudadanos de primera y de segunda en el ámbito del conocimiento.