Por: Lic. Maclovio Murillo
Nadie en su sano juicio -con una dosis mínima de racionalidad-, discute si México es o no es formalmente un estado libre y soberano en el concierto internacional de las naciones, pues tiene un territorio que le es propio, un pueblo con un mismo origen e idioma, una misma historia y un gobierno que es organizado en un estado federado cuyos líderes o gobernantes fueron designados conforme a los procesos democráticos respectivos; y además, nuestro país está regido, por lo menos en teoría, por una Constitución General y las leyes expedidas conforme a la misma.
Adicionalmente, el estado mexicano no está supeditado formalmente a ninguna otra nación, gobierno extranjero, persona o grupo de personas, no es colonia ni protectorado.
En ese sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al referirse al término “soberanía”, la define como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente.
Entonces, no cabe duda que al menos formalmente, México es un estado soberano porque efectivamente, está investido de un poder político supremo para autodeterminarse y gobernarse libremente conforme a su propia Constitución y leyes, forma de gobierno interno y proyecto de Nación.
También es formalmente libre, porque no está sujeto al gobierno de otras naciones o personas, sino exclusivamente a la propia y especial autodeterminación de su pueblo.
En ese sentido, también el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al definir el término “libertad”, se refiere a que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
Resulta entonces indudable -conforme a lo expuesto-, que nuestro querido México es un País que tiene la libertad de autodeterminarse conforme a sus propios intereses, sin sujetarse formalmente a gobierno extranjero alguno, grupo o persona. Por eso, es formalmente un País libre, soberano e independiente.
No obstante lo anterior, lo que es discutible y opinable, es otra cosa diversa, cuya génesis subyace en la respuesta a siguiente interrogante:
¿Hasta dónde el estado mexicano y los mexicanos mismos, de hecho o materialmente, hemos perdido soberanía y libertad en nuestro régimen interno, cuando los diversos grupos criminales, sobreponiéndose al poder político, por alguna razón se han apoderado de bastos territorios, pueblos, ciudades, espacios públicos, negocios, mercados, plazas, caminos, carreteras, puertos y aeropuertos, playas, centros y zonas turísticas y otros más; y con la fuerza de las armas y del dinero imponen y quitan sistemáticamente y de forma conveniente a sus nefastos intereses, a los candidatos a gobernantes y a los gobernantes mismos, estableciendo ilegalmente el cobro de cuotas por derecho a comerciar, producir o ejercer una profesión u oficio; extorsionan, secuestran, roban y privan de la vida a personas de bien, solo por resistirse al pago que ilegalmente se les exige ?
Es en ese sentido que nuestro País y sus habitantes, en los hechos – aunque sea doloroso aceptarlo – hemos perdido soberanía y libertad, porque evidentemente el poder supremo del estado, ha sido rebasado por el poder de los grupos delincuenciales quienes imponen una voluntad distinta a la del pueblo y de la ley, que consideramos y presumimos hasta hoy, no es la voluntad del gobierno formalmente instituido.
Muy importante resulta destacar, que lo anterior no solo sucede y ha sucedido en el presente y el anterior sexenio, sino desde hace varios más, y el tamaño del grave problema ha ido creciendo paulatinamente y últimamente casi de forma exponencial. Sin embargo, nuestros gobernantes se la pasan repartiendo culpas hacia el pasado y evadiendo las responsabilidades del presente, sin atender suficientemente y con la contundencia debida, el grave fenómeno que hoy se sufre, como el principal problema nacional.
Más valdría para el bienestar de todo el pueblo de México, que nuestros líderes aceptaran la situación en que actualmente nos encontramos – sin enfocarse a lo sucedido en el pasado-, canalizarán sus esfuerzos para unir a todos los mexicanos, para que juntos, procediéramos a buscar ingeniosas y exitosas políticas que nos conduzcan a soluciones reales, iniciando para eso una cruzada nacional contra ese flagelo, con la finalidad de combatirlo y realmente lograr una paz, tranquilidad y seguridad pública duradera, para lo cual, sin duda resultaría conveniente y aún necesario – dada la su magnitud y su carácter internacional-, darse la bienvenida a los apoyos que desde gobiernos extranjeros, se ofrezcan para desmantelar, desactivar y procesar a los grupos delincuenciales que tanto daño hacen y han producido a nuestro País y a sus habitantes, pues evidentemente ese grave problema no se soluciona con la inacción del estado mexicano y menos con el rechazo sistemático a los apoyos que desde el exterior sean ofrecidos con el propósito de coadyuvar a su combate frontal, pues ese rechazo combinado con la falta de resultados palpables, puede producir la percepción tal vez equivocada, de que la voluntad del gobierno es conservar el actual estado de cosas.
Ojalá se corrija la política criminal, antes que sea demasiado tarde para el bien de todos los mexicanos y para evitar que potencias extranjeras se vean tentadas al uso de la fuerza en territorio nacional, con el pretexto de proteger sus propios intereses.
¡ Así, es cuanto !
