Por: Patricio Rodriguez Palma
Hablar de representación indígena en México suele quedarse en el terreno del discurso. Se invoca a los pueblos originarios en comunicados, reformas y campañas, pero rara vez se les permite ocupar un lugar real en las decisiones del país. El reciente pronunciamiento del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas vuelve a recordarlo: el sistema electoral sigue sin escuchar a quienes históricamente han sido marginados, aunque diga lo contrario.
Las acciones afirmativas nacieron con una buena intención: abrir espacios a quienes nunca los han tenido. El problema es que, en la práctica, esos espacios han sido ocupados muchas veces por personas que no pertenecen a las comunidades indígenas, pero que aprendieron a moverse dentro de la ley para aparentarlo. El Distrito 22 de Chihuahua mostró con claridad este problema. Candidaturas que se presentaron como indígenas terminaron siendo impugnadas y no canceladas porque no tenían una relación real con la Sierra Tarahumara ni con sus comunidades.
Ahí quedó en evidencia una de las grandes fallas del modelo actual: basta una carta firmada por una autoridad tradicional para “acreditar” una identidad que, en la vida cotidiana, se construye con años de pertenencia, compromiso y trabajo colectivo. Cuando ese documento se obtiene mediante engaños o presiones, no solo se comete una falta electoral; se lastima la confianza comunitaria y se vacía de sentido la idea misma de representación.
No es casual que estas situaciones se repitan en distintos estados del país. Los partidos políticos, más preocupados por cumplir con requisitos que por transformar la realidad, han convertido la inclusión en una formalidad. Así, los pueblos indígenas aparecen como cuota, no como sujetos políticos con voz propia.
Es cierto que MORENA fue el único partido que logró llevar a una persona indígena al Congreso local. Pero también es cierto que ese logro quedó empañado cuando esa representación se alejó de su comunidad y respondió a intereses personales. La decepción que eso genera no es menor: refuerza la idea de que, incluso cuando se abre la puerta, el sistema termina absorbiendo y desviando el sentido original de esa lucha.
Por eso, la discusión sobre la Reforma Electoral no debería quedarse en ajustes técnicos. Si de verdad se quiere corregir una deuda histórica, la presencia indígena no puede limitarse a uno o dos distritos “especiales”. Tiene que estar presente en los ayuntamientos, en los congresos locales y federales, y en el Senado. Y, al mismo tiempo, deben cerrarse las puertas a la simulación, para que nadie pueda seguir haciéndose pasar por indígena solo porque le conviene políticamente.
En este contexto, la posible eliminación de las diputaciones plurinominales también merece atención. Durante años han funcionado como premio interno para los partidos, lejos de cualquier vínculo con la gente. Mientras esos espacios se reparten desde las cúpulas, los pueblos indígenas siguen luchando incluso para que se respete su derecho a una representación básica y honesta.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿se quiere una democracia que solo administre la diversidad o una que la incorpore de verdad? Mientras la representación indígena siga siendo un trámite y no una convicción, la deuda seguirá abierta. Y cada simulación no hará más que profundizar la distancia entre las comunidades y un sistema político que insiste en hablar por ellas, pero no con ellas.
II. Grandeza indígena
- Resurrección y legado
Pag. 515 – 593
Andrés Manuel López Obrador
Tónachi Guachochi Chih a 11 de Enero del 2026