El Puntero tuvo acceso a un «nuevo» documento, que hasta el momento no había salido a la luz pública, en el cual otra instancia más, curiosamente de Pensiones Civiles del Estado, que da la razón en su momento a 1 mil 300 maestras y maestros estatales que la autoridad se empeña en señalar que fueron indebidamente afiliados, entre los que están los 1 mil 064 que a día de hoy siguen en conflicto con PCE y Gobierno del Estado, ante un nuevo intento de afectarlos transitándolos al esquema más desfavorable a sus intereses. El documento en cuestión consiste en el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente (EPRA-OICPCE-001/2020) de fecha 14 de febrero de 2024, en el que el Área de Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control en Pensiones Civiles del Estado desestima y archiva una denuncia de 2018, del entonces director general de PCE, Alberto José Herrera, ante la Función Pública, esto al negar la existencia de «irregularidades y faltas administrativas» en la incorporación al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de ‘»mil trescientos» trabajadores del magisterio’ en lo que el entonces titular de PCE alegaba- denunciaba «presuntamente en un régimen diverso al que les correspondía de acuerdo a sus particularidades laborales». La respuesta del OIC reconoce el acuerdo del 15 de marzo de 2012 entre el entonces titular de PCE, Marcelo González Tachiquín, y el entonces dirigente de la Sección 42 del SNTE, René Frías Bencomo, que protege a este colectivo de docentes (Segundo párrafo hoja 5).
Entre otras cuestiones, la respuesta del OIC de PCE señala que «En sintonía con lo anterior, del análisis a la denuncia en referencia se aprecia la referencia de existencia de ‘mil trescientos trabajadores de magisterio afiliados en un esquema de aportaciones distinto al que por normativa correspondía’; sin embargo, de las constancias que conforman el expediente de investigación al rubro citado, no se logró acreditar la existencia de mil trescientos trabajadores indebidamente afiliados al régimen de seguridad social de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ni mucho menos el momento de su afiliación de trabajadores diversos a los señalados por la propia Ley de Pensiones del Estado de Chihuahua» (Último párrafo hoja 5).
De igual forma, en el numeral 1 de la página 6 se hace referencia a que en el memorándum de 2020 firmado por el coordinador Jurídico de PCE, Jorge Alberto Alvarado Montes (que hoy sigue siendo parte de Pensiones Civiles, actualmente como titular de Prestaciones Económicas) «a través de que, entre otras mencionó desconocer un detrimento patrimonial» a raíz de estas afiliaciones.
El Órgano Interno de Control determina en el documento que para que se actualicen las faltas administrativas y pueda presumirse la responsabilidad administrativa, por principios de orden deben estar acreditados los hechos las conductas, y que en «En el caso, luego recabar diversas constancias como ya fue señalado no se corroboró que hubiere ni siquiera causa probable…».
Con base en estas y otras consideraciones el OIC de PCE acuerda en su primer acuerdo «Téngase por concluido y ordénese el archivo del expediente al rubro identificado en términos de los considerandos SEGUNDO y TERCERO, ante la falta de elementos para comprobar falta administrativa alguna».
A continuación el documento íntegro:
Oficio DPCE 142 2018 by Francisco Milla Pastor
A continuación el listado sobre los 1,308 maestros sobre los que hizo la consulta y denuncia el extitular de PCE en 2018:
