Opinión por: Arturo Medina
La autonomía de las y los diputados no es una concesión graciosa del poder, sino una garantía constitucional que sostiene la esencia misma de la representación democrática. Cada legislador llega a su encargo investido de la responsabilidad de deliberar y decidir conforme a su conciencia, a su criterio político y, sobre todo, al mandato de quienes lo eligieron. Cualquier intento de coacción, condicionamiento o represalia frente al ejercicio libre de esa función vulnera no solo la dignidad del cargo, sino los principios básicos del sistema democrático.
El marco constitucional es claro: ninguna persona puede ser reconvenida, castigada o presionada por el sentido de su voto o por las decisiones que adopte en el ejercicio de su función legislativa. La libertad de opinión, de deliberación y de determinación es una garantía política irrenunciable. Ni los liderazgos partidistas, ni las jerarquías internas de los grupos parlamentarios, ni actores externos al Congreso pueden erigirse como tutores de la voluntad individual de las y los diputados. Pretender imponer una línea obligatoria de votación bajo amenaza explícita o velada constituye una práctica autoritaria incompatible con la vida democrática.
En ese contexto, la decisión de ausentarse de una votación también forma parte del ámbito de libertad parlamentaria. La no asistencia, cuando es resultado de una convicción política o de la necesidad de sustraerse a una presión indebida, es una manifestación legítima del ejercicio del cargo. No existe disposición constitucional que obligue a un legislador a votar en contra de su conciencia ni que le impida retirarse de un acto parlamentario cuando este se ha convertido en un espacio de imposición. Ausentarse, en estos casos, no es una omisión, sino una forma válida de preservar la autonomía personal frente a la coacción.
Forzar la presencia o el voto de un diputado bajo amenaza de sanción constituye violencia política. Es una forma de imposición que anula la deliberación, distorsiona la representación popular y vulnera las libertades políticas de quienes integran los órganos legislativos. Cuando se castiga el disenso o se persigue la neutralidad, el parlamento deja de ser un espacio plural para convertirse en un instrumento de control.
Esta problemática se agrava cuando las decisiones que se buscan imponer no responden a las realidades locales, sino a directrices dictadas desde el centro del país. Los congresos estatales existen para atender las condiciones específicas de cada entidad. Subordinar su actuar a intereses externos, orientados a la ampliación de influencia política y a la concentración del poder, debilita el federalismo y vacía de contenido la representación popular.
En este marco, resulta indispensable expresar solidaridad con las diputadas Rosana Díaz y Edith Palma, quienes han sido objeto de señalamientos y presiones por ejercer su libertad política. La defensa de sus derechos es también la defensa de la autonomía legislativa, del pluralismo y del respeto irrestricto a las garantías democráticas que deben prevalecer en toda vida parlamentaria. Defenderlas es defender la libertad de legislar sin miedo.