El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, se refirió este viernes a los señalamientos realizados por colectivos derechohumanistas de mujeres en torno a la recién aprobada Ley de Indulto, particularmente a las limitaciones previstas en el artículo 12, fracción II, inciso b, que excluyen de este beneficio a personas condenadas por delitos relacionados con violencia sexual.
Si bien organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres celebraron la aprobación de la ley, su coordinadora general, Ruth Fierro, advirtió que dichas restricciones podrían dejar fuera a mujeres que, pese a haber sido víctimas de contextos de violencia estructural, fueron condenadas por este tipo de delitos.
Al respecto, De la Peña afirmó que entiende la inquietud expresada por los colectivos y reconoció que el tema fue abordado en reuniones previas. El funcionario estatal señaló que apenas el día de ayer sostuvo un encuentro con integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres, con quienes mantiene reuniones periódicas, y donde se le planteó directamente esta preocupación.
Indicó que la considera válida e interesante, aunque subrayó que la Ley de Indulto regula una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, actualmente a cargo de la gobernadora Maru Campos.
De la Peña advirtió que, sin límites claros, esta figura podría ser utilizada de manera indebida por futuros titulares del Ejecutivo, quienes podrían caer en la tentación de otorgar indultos a personas que no encuadren en el espíritu de la legislación, como funcionarios condenados por corrupción u otros delitos ajenos a las causas de justicia social que dieron origen a la ley.
“La legislación, como la política, es el arte de lo posible”, expresó, al señalar que era necesario prever distintos escenarios para evitar que el indulto se convierta en una salida fácil o en una invitación al abuso del poder. Afirmó que la intención es acotar esta facultad para que no se desvirtúe y no beneficie a quienes hacen de infringir la ley una vocación de vida.
Recordó que la figura del indulto ya estaba prevista desde hace décadas en la Constitución, pero que fue la gobernadora Maru Campos quien dio un paso al frente para proponer su regulación, con un enfoque en la justicia para las mujeres y para los pueblos originarios, motivo por el cual consideró que la ley debe comenzar a aplicarse y ajustarse conforme la realidad lo vaya demandando.
El secretario General de Gobierno indicó que ya existen solicitudes en puerta y que los colectivos de mujeres trabajan actualmente en tres casos específicos, dos de ellos relacionados con mujeres integrantes de pueblos originarios, uno de Chihuahua —caso que dio origen a la llamada de manera coloquial “Ley Beatriz”— y otro de una mujer indígena originaria de Oaxaca.
De la Peña refirió que estas propuestas podrían presentarse en las primeras dos semanas de enero, para que el comité previsto en la ley analice los expedientes y emita una opinión a la gobernadora, quien será la encargada de decidir, en ejercicio de esta facultad, si se cumplen los supuestos legales para otorgar el indulto.