Chihuahua, Chih.— Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes al Movimiento Estatal de Mujeres (MEM) presentaron públicamente tres casos emblemáticos de mujeres privadas de la libertad para solicitar su indulto al Poder Ejecutivo del Estado, en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, destacando tanto su importancia como las limitaciones que aún persisten en su aplicación.
Durante la rueda de prensa participaron representantes del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C. (CAMT) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quienes expusieron los casos de Beatriz, Erika y Eugenia, todos atravesados por fallas estructurales del sistema penal, procedimientos abreviados injustos y ausencia de perspectiva de género.
El caso de Beatriz: defensa propia criminalizada
Rosy Sáenz, representante legal del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C., expuso el caso de Beatriz, una mujer indígena sentenciada por homicidio tras un hecho que, a la luz de la comunidad y del análisis jurídico posterior, correspondía a un claro caso de defensa propia.
Beatriz fue agredida por un hombre; en el forcejeo logró quitarle el cuchillo, lo derribó y posteriormente el agresor cayó sobre el arma, perdiendo la vida. A pesar de ello, Beatriz fue procesada y condenada. Con un defensor de oficio que le advirtió que podría enfrentar hasta 40 años de prisión, aceptó un procedimiento abreviado, sin comprender plenamente sus consecuencias, recibiendo una sentencia de ocho años de cárcel.
“Beatriz no debió haber pisado la cárcel”, señalaron las organizaciones, subrayando que su caso evidencia cómo el sistema penal castiga a mujeres que se defienden en contextos de violencia extrema.
Solicitud de indulto para Erika
Posteriormente, María Luisa Salazar, coordinadora del área de Delitos de Género del CEDEHM, informó que este día se presentará formalmente una solicitud de indulto a favor de Erika Gabriela Nieto Veliz, con fundamento en la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua.
Erika es una mujer de 45 años, madre de una hija y un hijo, privada de la libertad en el Cereso Femenil No. 1. En 2021 fue sentenciada a 13 años de prisión mediante un procedimiento abreviado por el delito de trata de personas, derivado de vender dulces junto a su hija en la calle, por lo que se le condenó por trata en modalidad de trabajo forzado.
Su historia está marcada por violencia familiar, pobreza, enfermedad y maternidad en condiciones de alta vulnerabilidad. Erika vive con Trisomía 3 y Lupus Eritematoso Sistémico, enfermedades crónicas e incurables que han deteriorado gravemente su salud y hoy le impiden caminar sin un andador. Además, es madre cuidadora dentro del penal de su hijo de tres años, quien padece epilepsia.
Su hija mayor, reconocida como víctima en el proceso penal, ha expresado por escrito su deseo de que su madre recupere la libertad. Este caso, es un claro ejemplo de condenas desproporcionadas que a nadie beneficia mantenerla en prisión.
Las organizaciones señalaron que Erika cumple con todos los criterios establecidos en la Ley de Indulto: razones humanitarias, reinserción social, no representar un riesgo para la sociedad ni para la víctima y un análisis integral de su contexto personal y familiar.
Eugenia y los candados de la Ley de Indulto
Finalmente, Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEHM, abordó el caso de Eugenia y puso sobre la mesa una discusión central: las limitaciones de la Ley de Indulto, específicamente las contenidas en el artículo 12, fracción II, inciso b, que excluyen del indulto a personas condenadas por delitos relacionados con violencia sexual.
Si bien las organizaciones celebraron la aprobación de la ley —una de las pocas a nivel nacional que regula de forma clara el procedimiento del indulto—, señalaron que estas exclusiones automáticas son problemáticas, ya que impiden analizar los casos de manera individual y con ello se desnaturaliza el indulto.
Eugenia, jornalera originaria de Guerrero, fue condenada a veinte años de prisión. El hecho que se le imputó ocurrió mientras ayudaba a su esposo a realizar una “limpia” tradicional a su sobrina, Esmeralda. Durante el proceso, las autoridades la presionaron para que se declarara culpable del homicidio, prometiéndole una pena reducida. Careció de una defensa legal adecuada que pudiera asesorarla. Su caso es un reflejo de la criminalización de la pobreza, la ausencia de acceso a servicios de salud y la extrema vulnerabilidad que padecen las familias jornaleras migrantes.
“No se trata de clasificar delitos como perdonables o imperdonables, sino de analizar cada caso, cada contexto y circunstancia”, subrayó Fierro.
Un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso
Las organizaciones reiteraron que las solicitudes de indulto no buscan impunidad, sino justicia con humanidad, y llamaron al Comité que conforme a la ley analizaran las solicitudes, a ejercer esta facultad con una visión de derechos humanos y justicia social.
Asimismo, anunciaron que exhortarán al Congreso del Estado a revisar y reformar las limitaciones de la Ley de Indulto, al considerar que casos como los de Beatriz, Erika y Eugenia demuestran que la justicia sin contexto reproduce violencia institucional.