El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, matizó este martes la narrativa en torno a la detención del exgobernador César Duarte Jáquez. Si bien es cierto que coincidió s tres días después de la llegada de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República, refirió que obedece a un proceso que viene de mucho antes -desde la etapa de Alejandro Gertz Manero-, del avance de uno de los 19 procedimientos que el exmandatario tiene abiertos desde hace años.
De la Peña explicó que el 4 de diciembre el Gobierno de Estados Unidos otorgó un criterio de excepción como país receptor de la solicitud de extradición, permitiendo a México agregar nuevas carpetas contra Duarte.
“Se sigue el procedimiento legal que se tenga que seguir, respetuosos del Estado de derecho; que él enfrente su proceso con los elementos que tenga y que el Gobierno Federal argumente las pruebas que correspondan”, dijo.
Aseveró que el origen del caso es estrictamente jurídico: una acusación por *uso de recursos de procedencia ilícita, que el exgobernador “tendrá que enfrentar en lo personal, así como las consecuencias del proceso”.
Recordó que Duarte aún está sujeto a proceso en Chihuahua y que los beneficios de los que gozaba provenían de la ley, no de decisiones discrecionales ni de beneficios desde el Gobierno del Estado.
Sobre si la detención estuvo apegada a derecho, respondió que aunque desconoce los detalles de la investigación, un arresto de este tipo sólo puede concretarse con la autorización de un juez, por lo que “seguramente se siguió el procedimiento adecuado”.