Por: Patricio Rodríguez Palma
En estos días, el PRI y el PAN han comenzado a exigir que se consulte a las comunidades indígenas sobre la nueva Ley de Aguas propuesta por el Ejecutivo. El planteamiento podría parecer justo, incluso necesario; sin embargo, en un país donde la memoria es larga y la coherencia escasa, este reclamo suena más a conveniencia política que a convicción democrática.
Porque cuando estos mismos partidos encabezaron los gobiernos, la consulta indígena brilló por su ausencia. Y cuando llegó a existir, fue sólo una escenografía: reuniones para cumplir expediente, foros decorativos, mesas de trabajo donde se escuchaba pero no se tomaba en cuenta. La participación de los pueblos quedaba reducida a notas en un acta que nunca llegaba a convertirse en decisión. La tinta se secaba, sí, pero el país no cambiaba.
Hoy, mientras los discursos institucionales presumen inclusión y pluralidad, los organismos encargados de atender a los pueblos originarios siguen siendo dirigidos —en Chihuahua y en todo el país— por personas que, en su mayoría, no provienen de esas comunidades. No conocen sus lenguas, sus dinámicas colectivas, ni los sentidos profundos que vinculan al territorio con la identidad. La representación indígena continúa siendo simbólica: un requisito administrativo, no una realidad política.
Y es aquí donde la incongruencia se hace evidente. Se convoca a consultas, pero éstas no son vinculantes. Se pide la opinión de los pueblos, pero sus palabras no definen nada. Se les invita a participar, siempre y cuando aquello que digan no incomode al capital ni a los proyectos que mueven dinero. La democracia se vuelve selectiva: se abre la puerta, pero no se entrega la llave.
Decirlo de manera directa es necesario: no habrá justicia mientras los pueblos originarios no sean representados por sí mismos, mientras su voz sea tratada como un adorno ritual y no como un elemento determinante en las políticas que les afectan. Hay una deuda pendiente, una deuda que no se resuelve con actos protocolarios ni con instituciones vacías de legitimidad.
Esa deuda se salda reconociendo el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio, su agua y su futuro, sin filtros ni intermediarios ajenos a su realidad. Se salda desmontando el paternalismo y renunciando a la idea de que el Estado puede hablar por ellos mejor de lo que ellos hablan por sí mismos.
Hasta que eso no ocurra, todas las consultas seguirán siendo un espejismo, un intento de legitimar decisiones tomadas desde fuera. Y la justicia seguirá siendo una promesa que se pronuncia con facilidad, pero que aún no encuentra sustento en la vida real
Derechos: identidad, cultura, tierras y autonomía, el derecho a la libre determinación, autogobierno, uso de lengua y costumbres, justicia y salud
Tónachi Guachochi Chih a 7 de Diciembre del 2027