El presidente de CANACINTRA Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, afirmó este viernes que la postura del organismo respecto al incremento del Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento planteado en el Paquete Económico Estatal 2026 “sigue siendo exactamente la misma que manifestamos desde el viernes pasado: de rechazo”. Señaló que, lejos de modificarse, esta semana surgieron factores que “fortalecen” esa posición, como el avance de la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo, que aunque no afecta de manera directa a la industria, sí “golpea a sectores vulnerables con un incremento del 13 por ciento, arriba de la inflación”.
Gutiérrez advirtió que el ecosistema empresarial enfrenta ya una presión acumulada: un incremento progresivo del costo laboral en los próximos cinco años, la apreciación del dólar que afecta a quienes venden en moneda extranjera, y un entorno económico cada vez más restrictivo. Si bien reconoció como “totalmente entendible” la postura del Gobierno del Estado ante la reducción de programas y apoyos federales —incluidas cargas que ahora absorben los estados, como estancias infantiles, reforma judicial y nuevas obligaciones derivadas de la Ley de Aguas—, sostuvo que no debe recurrirse a elevar impuestos que afecten la competitividad.
“Así como a las empresas se nos exige hacer más con lo mismo o incluso con menos, lo mismo aplica a los gobiernos”, remarcó, al recordar que en la reciente cumbre sobre inteligencia artificial se expuso cómo muchos trámites podrían automatizarse para optimizar recursos. Añadió que CANACINTRA está realizando un sondeo y que, pese al escenario complejo, la industria prevé generar nuevos empleos en 2026, por lo que insistió en que el fortalecimiento de los ingresos estatales debe provenir de ampliar la base económica y no de encarecer la nómina.
Alertó que aprobar el incremento convertiría a Chihuahua en el estado con mayor carga por Impuesto Sobre Nómina en el país —considerando además las aportaciones a Fechac, Ficosec y otros fondos—, lo que podría empujar a más empresas hacia la informalidad y mermar la competitividad del estado.