Por: Víctor M. Quintana S.
Mucho se juega en el debate y movilización en torno a la iniciativa de reforma a la legislación hídrica.
La actual institucionalidad sobre el agua es uno de los primeros productos jurídicos del neoliberalismo. La CONAGUA data de 1989 y la Ley de Aguas Nacionales, la promulgó Carlos Salinas apenas ascendió al poder en 1992.
La ley salinista propició la sobreexplotación de acuíferos y cuencas hidrológicas, la mercantilización del agua y la concentración de concesiones en todo México. Hoy el 1.1 por ciento de los usuarios privados acapara más del 22 por ciento del agua concesionada y evade masivamente el pago de derechos. Por otra parte, 3 mil 304 grandes concesionarios extraen un millón o más de metros cúbicos al año, según la CONAGUA.
En Chihuahua, las cifras de concentración y sobreexplotación son aún más alarmantes: de cada 10 litros de agua concesionada en nuestro estado, 8.7 van a la agricultura, cuando a nivel nacional son 7.5 litros. De los 4 mil 796 millones de metros cúbicos destinados al uso agrícola, 2 mil 750 millones provienen de aguas subterráneas y más de dos mil millones, de aguas superficiales.
Somos el estado de la República que tiene más superficie irrigada con aguas subterráneas: más de 600 mil hectáreas, eso es lo bueno, lo malo, que cada año se extraen del subsuelo chihuahuense 3 mil 100 millones de metros cúbicos más de lo que se debería extraer, el equivalente al total de las presas La Boquilla y Las Vírgenes. Debido a esto, de los 61 acuíferos que hay en el estado, 38 están sobreexplotados, se les extrae más agua de la que se puede recargar cada año.
Hay una grave concentración del volumen de agua del subsuelo: de los 14 mil 594 pozos agrícolas legales que hay en el estado, los productores menonitas concentran 4 mil 794 pozos y extraen el 24.3% del volumen de agua y 123 grandes empresas agroindustriales tienen 569 pozos y extraen el 8% del agua.
Desde principios de los años 2000 hubo una gran expansión de nuevos pozos agrícolas en las zonas consideradas hasta 2013 de libre alumbramiento, año en que se emitió un decreto para establecer una veda en dichas zonas. En seis acuíferos que hasta el 2013 fueron de libre alumbramiento, las colonias menonitas tienen 280,000 hectáreas de agricultura de riego por bombeo, con solo 554 pozos registrados en el Registro Público de Derechos de Agua, REPDA, lo que significaría que cada pozo riega 500 hectáreas, diez veces más de la capacidad de gasto de cada pozo.
También se sobreexplota el agua de los ríos y presas. Se calcula que en la zona de distritos y unidades de riego de la cuenca del río Conchos y sus afluentes hay unas 20.000 hectáreas que se riegan sin registro o título de concesión para el agua superficial o subterránea.
La sobreexplotación del agua se debe a varios factores, propiciados por la ley salinista del agua: primero, CONAGUA concesionó volúmenes mayores a los que podía concesionar; segundo, muchos productores extraen de los acuíferos o de las cuencas volúmenes mucho mayores al autorizado por su título de concesión y, tercero, los pozos ilegales, que extraen el agua sin concesión alguna: en el estado hay más de 5 mil pozos piratas. Todo esto y la corrupción que acarrea consigo ha sido propiciado por la actual Ley de Aguas Nacionales y ha tenido muy pocos beneficiarios: grandes empresas agroindustriales, grandes agricultores, sobre todo exportadores. Son precisamente muchos de estos privilegiados quienes se oponen a la nueva legislación sobre el agua y han desinformado para meter miedo a las y los productores que usan el agua de manera legal. Tratan de impedir una legislación que los meta en cintura que ponga límites y sanciones al abuso y al saqueo, al mercantilismo del agua de todas y de todos. También se oponen a la nueva legislación las mafias de abogados y exfuncionarios de CONAGUA que lucran con el negocio de trámites y amparos contra la autoridad.
Ciertamente hubo fallas en la comunicación y en la redacción del proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo Federal, pero ha habido apertura y se están operando las correcciones y modificaciones necesarias para dar certidumbre a quienes usan el agua de buena fe y dentro de los límites de la sostenibilidad y el derecho.
De no aprobarse la nueva legislación sobre el agua, no sólo estarán amenazadas nuestra agricultura y nuestra ganadería sino el mismo suministro de agua potable para satisfacer el derecho humano de la población, como ya se está experimentando en algunas ciudades del país.
O la ley, o la escasez para muchos y la abundancia para unos cuantos.