Adrián Alcalá Méndez, último presidente del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó este miércoles en Chihuahua que, pese al “panorama desalentador” a nivel nacional y a la regresión en materia de derechos, la entidad todavía tiene la oportunidad de mantener la altura de miras que mostró hace 20 años y preservar un modelo autónomo de transparencia.
Durante la Jornada de Transparencia organizada por el Ichitaip por el 20 aniversario de su creación y 18 años de operación, Alcalá sostuvo que no visualiza consecuencias jurídicas si el estado decide no atender el decreto federal publicado el 20 de diciembre de 2024, que ordena la desaparición de los órganos garantes locales. A lo sumo —dijo— podría haber un exhorto legislativo, pero recordó que Chihuahua “vive en un pacto federal, no en un pacto central”.
Frente a un auditorio que también escuchó a María Marván Laborde, primera presidenta del IFAI, el excomisionado relató que al INAI le tocó enfrentar un cierre “histórico” tras años de crecimiento del derecho a saber, y criticó que la reciente reforma constitucional se haya aprobado “copiando sin leer”, tal como ocurrió en 2002.
Advirtió que el nuevo modelo federal, donde la autoridad es juez y parte, “esconderá datos” y dejará sin instrumentos efectivos para garantizar el derecho a la información, poniendo como ejemplo que, de existir aún el INAI, habría ordenado la apertura de información sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en la principal plaza cívica del país.
Alcalá llamó a Chihuahua a sostener su autonomía y a comunicar a la ciudadanía la importancia de seguir preguntando, cuestionando y vigilando el uso de recursos públicos. Señaló que entidades como la UNAM y el Banco de México ya han roto esquemas de subordinación a contralorías, y consideró que el estado podría explorar modelos similares.
Instó a los órganos autónomos que permanezcan en el país a conservar márgenes reales de independencia interna, aun si adoptan el modelo federal, para evitar que el garante dependa de la misma autoridad que debe vigilar, reproduciendo el problema de ser “juez y parte”.
