Por: Víctor M. Quintana S.
Aunque los acontecimientos de las últimas semanas en México se han ganado la atención del público, hay un asunto que no debemos olvidar: la renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. (T-MEC) a 6 años de su vigencia, con todas su consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales.
Desde hace tiempo una representación de movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones civiles, campesinas, sindicales y de derechos humanos han venido trabajando en conjunto y están reunidas estos días en Washington para dialogar al respecto con integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y con organizaciones sociales de los Estados Unidos y Canadá. Al que esto escribe le toco participar a nombre de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, COSYDDHAC.
Para este grupo de organizaciones, la revisión del T-MEC constituye un momento decisivo para los tres países. Se debe trascender lo meramente comercial y tomar en cuenta las dimensiones social, laboral, ambiental, migratoria, energética, de paz y de derechos humanos de toda la región. Para esto, se han presentado una serie de propuesta a nombre de más de un centenar de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. Las principales son:
Mejorar las condiciones para los trabajadores. Se trata de hacer respetar la libertad sindical y los contratos colectivos de trabajo y que se homologue en los tres países el procedimiento para la presentación de casos ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y que sea accesible para que las personas trabajadoras defiendan sus derechos. Que en los tres países tiendan a una homologación de salarios y prestaciones para que las corporaciones utilicen la táctica de “divide y vencerás”, es decir, trato diferenciado para dividir a las y los trabajadores organizados entre sí. Además, se propone un mecanismo trilateral de movilidad y regularización humana, dentro del capítulo 23 del tratado, para que, a través de una Tarjeta Norteamericana de Trabajo y Movilidad las personas trabajadoras puedan moverse, residir y trabajar legalmente en México, Estados Unidos y Canadá.
Tratar con seriedad las crisis climáticas y ambientales. Se pide que en el Tratado se protejan y se defiendan la biodiversidad, el agua y las semillas nativas y que no se adopten compromisos que afecten la defensa de los derechos humanos y de las personas campesinas. Que no se privaticen las semillas, que se saquen el maíz y el frijol del tratado y que no se exporte maíz genéticamente modificado para la alimentación humana.
Se demanda el reconocimiento de los territorios indígenas y que la naturaleza sea también reconocida como sujeto de derechos. Al mismo tiempo que se ratifiquen los tratados internacionales de protección al medio ambiente.
Los tres países deben comprometerse a construir una paz verdadera basada en la justicia, en la igualdad sustantiva y en la erradicación de las causas estructurales de las violencias Esto implica enfrentar el tráfico de armas, la pobreza, el desempleo y la exclusión y atender las causas de las adicciones.
Eliminar las concesiones a las a grandes corporaciones de tecnología digital y someterlas a regulación y a obligaciones fiscales.
Este colectivo de organizaciones está trabajando conjuntamente con organizaciones de los Estados Unidos y Canadá en la construcción de una agenda trinacional desde los respectivos pueblos y para exigir transparencia y participación de la sociedad en las negociaciones del T-MEC y crear mecanismos de seguimiento al y de vigilancia regionales.
El punto de partida es que los pueblos de las tres naciones somos hermanos. No se rechazan los tratados comerciales, sino se demanda que los derechos de la gente deben estar primero que el dinero.
