Chihuahua, Chih. – El abogado Óscar Castrejón, en representación del Colegio de Abogados en Defensa de la 4T, y el abogado MArcelo Valenzuela, solicitaron a la Fiscalía General del Estado que proporcione información detallada sobre el desistimiento del embargo de propiedades pertenecientes a los padres de Andrea Rocío Estrada Caldera, ex-CEO de Aras. Castrejón enfatizó que existe una probable comisión de un ilícito por parte de la encargada de extinción de dominio de la Fiscalía, María del Carmen Cordero, al realizar el desistimiento.
Según Castrejón, el caso Aras, que ha defraudado a miles de ciudadanos, involucra a Andrea Rocío Estrada Caldera, quien fue nombrada directora de Aras en 2019. Se le investigó por adquirir numerosas propiedades y vehículos que aparecían a nombre de sus padres, Mireya de Rocío Calderón Trejo y José Andrés Estrada Alvidres, quienes se presume actuaron como prestanombres.
En su momento, el licenciado Humberto Chávez, entonces director de extinción de dominio de la Fiscalía, solicitó el embargo de estos bienes, que incluían casas y vehículos, sumando alrededor de ocho propiedades. El Juzgado Octavo de extinción de dominio embargó estos bienes y el 15 de julio de este año, se publicó un edicto para que los padres de Estrada Caldera acreditaran la procedencia lícita del dinero utilizado para adquirir dichas propiedades.
Sin embargo, en un día no especificado de septiembre, Humberto Chávez fue removido de su cargo y María del Carmen Cordero Martínez asumió como directora del área de extinción de dominio. Castrejón denunció que Cordero Martínez se desistió del embargo de las propiedades de Mireya del Rocío Calderón Trejo y José Andrés Estrada Alvidres, liberando así sus bienes.
El abogado Castrejón expresó su preocupación por esta acción, señalando que el desistimiento se realizó sin una explicación pública y que el valor de las propiedades asciende a aproximadamente 40 millones de pesos. Este dinero, que normalmente pasaría al Estado para indemnizar a los afectados, ahora no llegará a los defraudados.
El Colegio de Abogados en Defensa de la 4T ha presentado un escrito solicitando al maestro César Jáuregui, de la Fiscalía, que proporcione dos puntos clave:
- El acuerdo mediante el cual se autorizó a María del Carmen Cordero Martínez a desistirse de la acción de extinción de dominio específicamente en lo relacionado con Mireya del Rocío Calderón Trejo y José Andrés Estrada Alvidres, conforme al artículo 10 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
- Un informe pormenorizado del material probatorio que supuestamente acreditó la procedencia lícita de los bienes asegurados por parte de los padres de Estrada Caldera, enfatizando la forma en que adquirieron los inmuebles y vehículos.
Castrejón subrayó que el edicto publicado en julio era de dominio público y buscaba que los propietarios acreditaran la legalidad de sus adquisiciones. El desistimiento de la Fiscalía, sin una justificación clara, genera dudas sobre la transparencia y la posible simulación en la acreditación de la licitud de los bienes.
Los bienes embargados en este juicio de extinción de dominio, y de los cuales se desistió la licenciada Cordero, incluyen:
- Inmueble en la calle Bosques de Encino número 7404 del fraccionamiento Bosques del Rejón.
- Lote tres, manzana uno del fraccionamiento Bosques del Rejón, con folio Real 1694 1009.
- Calle Bosques del Encino número 7454 del fraccionamiento Bosques del Rejón.
- Calle Fuente Trevi número 6427, fraccionamiento Las Fuentes, etapa dos.
- Rincón de la Magnolia número 6302, fraccionamiento Rincón de las Domas, dos.
- Remolque modelo 2021 color negro.
- Vehículo marca Nissan, línea tal, modelo 2018.
- Vehículo marca Kia línea Sorrento modelo 2016 color negro.
- Vehículo marca Ford línea pickup modelo 1968 color blanco.
- Vehículo marca General Motors línea Chevrolet Chilen modelo 2017.
El abogado Castrejón concluyó que el Colegio de Abogados en Defensa de la 4T busca combatir la corrupción y garantizar la salud pública en el estado de Chihuahua, exigiendo respuestas claras a la Fiscalía sobre este desistimiento que afecta directamente a los miles de defraudados por el caso Aras.
