Chihuahua, Chih. – La situación del catastro en el Estado de Chihuahua ha sido calificada como «verdaderamente crítica», según el titular de Catastro del Gobierno Estatal, Manuel Enríquez Suárez, en la comparecencia ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso; dijo que en 2022 se tenía un adeudo de 7 mil millones de pesos por conceptos como el predial, monto que para esta fecha a subido a 10 mil millones de pesos.
El funcionario explicó que durante la etapa de estudio, de enero a junio de 2022, se reveló la magnitud del problema, señalando que en ese momento, la deuda por impuesto predial ascendía a aproximadamente 7 mil millones de pesos, sin embargo, la situación ha empeorado significativamente, ya que actualmente existen más de 10 mil millones de pesos de adeudo de impuestos predial. Esta cifra representa la deuda de aquellos que están empadronados y no pagan, quedando pendiente los que no tienen el registro correspondiente.
El titular de catastro señaló que existen más de 500 mil propiedades fuera de los padrones catastrales, de un padrón estatal de 1 millón 600 mil propiedades.
Dijo que la falta de cumplimiento de las potestades tributarias por parte de las autoridades municipales es un factor clave en esta problemática.
Enríquez mencionó que un ejemplo de la gravedad de la situación es el municipio de Rosales, donde la deuda por impuesto predial es casi 100 millones de pesos, mientras que su padrón catastral, si todos pagaran, generaría alrededor de 8 millones de pesos. Esto significa que la deuda es más de 10 veces el valor de su padrón catastral.
Además, el funcionario hablo sobre algunos «mitos» que han dañado históricamente la recaudación, como la creencia de que abordar el tema genera problemas políticos y sociales, argumentando que no existe costo político para las autoridades si cumplen con las expectativas de la ciudadanía, quienes al pagar el predial, espera obras y servicios.
En la comparecencia también destacó la paradoja de que las autoridades fiscalizadoras están más atentas al gasto que al ingreso, a pesar de que ambos tienen la misma importancia; cuestionó por qué no se indaga sobre los montos que pagan grandes empresas, ranchos o incluso funcionarios públicos y sus familiares.
El titular de Catastro argumentó que la situación es «increíble», con casos en donde ni el presidente municipal, ni el secretario, ni el tesorero, ni el director de Catastro, ni el recaudador de rentas, ni el secretario del ayuntamiento pagan sus impuestos, cuestionando ¿hasta cuándo se permitirá que solo unos cuantos paguen, cuando la contribución es una obligación constitucional? La ciudadanía, al contribuir, espera resultados, y esto no necesita ser dicho.
