Opinion por: Norberto Guerra
Hacia un transporte público justo y digno
Mientras se vislumbra un posible aumento en la tarifa, las calles se convierten en el escenario de un conflicto diario: usuarios exhaustos contra un servicio que no mejora, en un ciclo de desgaste emocional y promesas rotas, se nos prometió un transporte público de calidad después de que se autorizara el aumento de 9 a 12 pesos, hace un año.
En otra exposición comentaba de una violencia silenciosa que invade a las y los usuarios del transporte y que afecta nuestras emociones. Hay otra más visible y cotidiana que se padece en el asfalto: la violencia del mal servicio. Es la que sufren a diario miles de personas en el transporte público, un sistema que no solo falla en su función básica, sino que se especializa en el desgaste psicológico.
Cada mañana, la espera en la parada se transforma en un ejercicio de ansiedad. No se sabe si llegará una unidad, cuándo lo hará o en qué condiciones. La incertidumbre no es un efecto colateral; es la esencia de un servicio que opera en el abandono. Y cuando el camión finalmente aparece, no llega la tranquilidad, sino la siguiente batalla: subir apretujados, viajar en condiciones inhumanas y llegar al trabajo o a la escuela con el estrés ya acumulado.
El costo real de un viaje
El precio del boleto es solo una parte del costo. El verdadero precio se paga con el tiempo perdido, con la paciencia agotada, con la dignidad resentida en cada trayecto. Es un impuesto invisible que se cobra en salud mental y calidad de vida. Y ahora, como un insulto a esta realidad, se rumora un posible aumento a la tarifa. La lógica oficial sería: «a mejor servicio, mayor costo», pero aquí la ecuación está invertida, se nos pide pagar más por lo mismo o, incluso, por menos. Las unidades siguen siendo las mismas, viejas, inseguras e incómodas. Las rutas, igual de insuficientes, la frecuencia, igual de impuntual. Las promesas de renovación de la flota y de mejora en la infraestructura se esfumaron en el discurso.
La promesa incumplida como política
El incumplimiento del gobierno no es un simple olvido; es una falta de respeto. Se prometieron unidades nuevas, rutas optimizadas y un servicio digno. Esas promesas fueron el contrato social que justificaba la paciencia de la ciudadanía. Hoy, ese contrato está roto.
La respuesta del usuario no puede ser la resignación. La indignación no es un arranque momentáneo; es la reacción natural ante el abuso sistemático. La ira viajera es legítima y no solo por el posible aumento, es por la burla, por la indiferencia, por la sensación de que el bienestar ciudadano es lo último en la lista de prioridades.
Por eso, ante la posibilidad de que la tarifa suba sin que el servicio mejore, nuestra postura debe ser clara: No estamos en contra de pagar lo justo por un servicio de calidad, estamos en contra de financiar con nuestro bolsillo la incompetencia y la negligencia.
El transporte público no es un lujo, es un derecho. Y su mal estado no es una fatalidad, es el resultado de malas decisiones. Exigir un servicio digno no es quejarse por quejarse; es defender nuestro derecho a una ciudad habitable y a una vida menos desgastada. La pregunta queda en el aire, dirigida a quienes prometieron y no cumplieron: ¿Hasta cuándo tendremos que viajar con irritación?
Marco legal en México
Reforma constitucional: En 2020 se reformó el artículo 4° de la Constitución para incluir el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Características principales
Derecho a la movilidad: Es un derecho humano que permite a las personas transitar por la ciudad, con un enfoque tanto individual (cada persona) como colectivo (sistemas de transporte eficientes para todos).
Garantía de movilidad: Se busca que existan suficientes alternativas de movilidad, como el transporte público, para reducir la dependencia del automóvil privado.
Requisitos: El transporte público debe cumplir con condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Cobertura: Este derecho debe ser garantizado no solo en las zonas urbanas, sino también en pueblos y periferias, donde la escasez de transporte público es un problema común.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. (El daño a la salud emocional influye en el deterioro del ambiente social)
El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
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