Opinión por: Benjamín Carrera
La respuesta a la pregunta que encabeza este artículo es Si, y además urge, y buscando dar algunos argumentos que sostengan mi respuesta pido dispensa para retomar parte de los datos que se señalan en el proyecto de decreto que recién envió al Congreso nuestra PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General de Aguas, y reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Nadie, coincida o no con la 4T puede negar que México enfrenta una compleja crisis en materia de agua. De acuerdo con el informe emitido en 2023 por la Red del Agua de la UNAM, el 71% del territorio nacional presenta presión hídrica elevada; más del 60% de los cuerpos de agua contienen algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobreexplotados, y al menos 106 municipios enfrentan una elevada vulnerabilidad a las sequías, muchos de ellos en Chihuahua, nuestro gran estado.
Además, el Acuerdo de Actualización de la disponibilidad publicado en el DOF el 9 de noviembre de 2023, señala que, de los 653 acuíferos nacionales, 367 cuentan con disponibilidad media anual de agua subterránea, en los que existen volúmenes susceptibles de ser otorgados en concesión o asignación, mientras que los 286 acuíferos restantes presentan condiciones deficitarias, en los que no existen volúmenes para otorgar nuevas concesiones o incrementar el de las ya existentes. De estos, 114 acuíferos se encuentran en condiciones de sobreexplotación. Otra vez, varios de ellos en Chihuahua.
Es importante destacar que la falta de acceso y disponibilidad respecto del agua afecta particularmente a las familias más pobres de México, lo que acentúa las desigualdades y barreras sociales, económicas y culturales que enfrentan todos los días para satisfacer sus necesidades básicas. Esta crisis supone un reto para el abastecimiento urbano y amenaza el desarrollo de sectores esenciales para la economía nacional, como la agricultura, la industria y el comercio.
Desde mi punto de vista, y seguramente de varios me hacen el enorme favor de leer estas líneas, existe una justificada exigencia social para el replanteamiento del marco de regulación de los recursos hídricos, a partir del cual el uso del agua pueda equilibrar el deber del Estado de garantizar la vida digna y el de promover el desarrollo económico, lo que incluye desde luego otros derechos, como, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación, la salud, a un medio ambiente sano y al trabajo, sin dejar de lado la necesidad de los recursos hídricos en la industria productiva y de servicios como motor del desarrollo económico.
Entiendo que podrán existir dudas, propuestas y análisis que cuestionen los alcances de las modificaciones que se proponen, algunos bien intencionados, otros buscando llevar agua a su molino, pero de eso se trata, de ponernos de acuerdo entre todas y todos para resolver este problema que es de todas y todos, abramos el debate, no le tengamos miedo a las palabras y menos al diálogo.
El agua es un derecho, y es vida, no una mercancía.
