Chihuahua, Chih.- El diputado Carlos Olson, integrante de la bancada del PAN, que la recién aprobada reforma a la Ley de Educación del Estado de Chihuahua, conocida como «Ley Bukele», que busca fomentar la correcta enseñanza de las reglas gramaticales en las escuelas, no contempla sanciones para los maestros. Sin embargo, Olson enfatizó que aquellos docentes que opten por utilizar lenguaje incluyente en las aulas deberían de ser objeto de un «llamamiento» por parte de las autoridades educativas; el legislador mencionó que espera que interpongan la acción de inconstitucionalidad y en caso de que sea aprobada por la Suprema Corte de Justicia, se puede acudir a instancias internacionales.
Olson, quien presentó esta iniciativa de reforma, argumentó que el objetivo principal es asegurar que se respeten las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español, cuestionando si el lenguaje inclusivo cumple con estas normas.
Según el legislador panista, esta ley es una herramienta para que los padres de familia ejerzan su derecho a una educación de calidad y para que se elimine el lenguaje inclusivo que, a su juicio, «se quiere imponer en las escuelas». También la considera una herramienta para los maestros, permitiéndoles «no dar el tema del lenguaje inclusivo que nos han querido inculcar por una cuestión y una imposición ideológica», señalando a Max Arriaga de ser el principal impulsor.
Explicó que no hay sanciones establecidas para los maestros que incurran en la enseñanza del lenguaje inclusivo, que si un maestro «quiere cambiar la regla gramatical por una cuestión ideológica, creo que sí debía haber un llamamiento a las autoridades educativas».
Olson también criticó el lenguaje inclusivo, afirmando que «el decir niñas, todes, eso está fuera totalmente del idioma español y, por lo tanto, no podemos ser deshonestos con los niños». Comparó el uso del lenguaje inclusivo con un maestro que enseñara que «2 + 2 es 5», argumentando que es incorrecto y engañoso para los niños.
El diputado defendió la iniciativa argumentando que no prohíbe ni limita la libertad de expresión, sino que busca asegurar la enseñanza correcta del español en las escuelas, en concordancia con el Artículo Tercero Constitucional que marca que la educación es laica, gratuita y fuera de ideologías . Además, señaló que el lenguaje inclusivo es «excluyente» para niños con dislexia o cierto grado de autismo, ya que «confunde y distorsiona la comunicación».
Ante la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, Olson manifestó que no hay «razonamiento jurídico» para tal acción, ya que la ley es «concordante con el artículo tercero constitucional». En caso de que la Corte emitiera una resolución «antijurídica», mencionó la posibilidad de acudir a «paneles internacionales» o a la Comisión Interamericana de Derechos, ya que considera que es un derecho de los niños recibir una educación «con la verdad» y «basada en la ciencia y en la academia».
