Por Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón, Consultor en Educación en Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad
Lo que fue un pilar de la seguridad social en Chihuahua, hoy es un gigante con pies de barro, a punto de desmoronarse. Pensiones Civiles del Estado (PCE), la institución nacida para proteger a los maestros y servidores públicos, se ha convertido en sinónimo de angustia para sus casi 95,000 derechohabientes. La crisis no es una cifra en un libro contable; es el rostro de un jubilado que no encuentra su medicina para la diabetes, la desesperación de un paciente cuya cirugía fue cancelada, y la indignación de miles de maestros que marchan en las calles.
La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es una tormenta perfecta de negligencia, diseño deficiente y una alarmante falta de voluntad política.
El problema más visible es una hemorragia de dinero. Al menos 53 entidades públicas, incluyendo gigantes como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), le deben a PCE una cifra que supera los $1,451 millones de pesos. Este no es un simple retraso en los pagos; es una cultura de morosidad institucionalizada. Cada peso que no llega a las arcas de Pensiones es una receta que no se surte, un tratamiento que se pospone. Los maestros lo gritan en sus protestas: «Nos descuentan cada quincena, pero ese dinero no llega a PCE». Es una traición al pacto más básico entre el trabajador y el Estado.
Pero incluso si todos pagaran mañana, el barco seguiría hundiéndose. El diseño del sistema es, en sí mismo, una sentencia de quiebra. Un estudio actuarial es demoledor: para que el sistema fuera viable, las aportaciones de trabajadores y patrones deberían sumar un 74.37% del salario. La realidad es que apenas llegan al 29%. Estamos prometiendo un futuro que, matemáticamente, es imposible de pagar. El déficit a largo plazo es una bomba de tiempo que ya supera los 202 mil millones de pesos.
A este desastre estructural se suma una falla de gobernanza que raya en lo absurdo. Históricamente, la Junta Directiva de PCE, el órgano que debería velar por sus finanzas, ha sido presidida por el Secretario de Hacienda del Estado. En otras palabras, el representante del principal deudor es también el encargado de cobrar la deuda. Es el equivalente a poner al zorro a cuidar el gallinero. Este conflicto de interés ha garantizado décadas de indulgencia y ha permitido que la deuda crezca sin control.
El resultado es un colapso operativo. Los derechohabientes enfrentan esperas de meses para ver a un especialista, mientras la institución presume un abasto de medicamentos del 92% que nadie parece encontrar en las farmacias.
La solución no es un misterio, pero exige una valentía política que ha estado ausente. Primero, se necesita un plan de choque: cobrar la deuda de manera coercitiva, garantizando los pagos con las participaciones federales de los deudores. Ese dinero debe ir directamente a un fondo de emergencia para comprar medicamentos y pagar a los hospitales. Es apagar el fuego inmediatamente.
A mediano plazo, la única salida es una reforma profunda a la Ley de Pensiones. Una reforma que, con honestidad brutal, ajuste las cuotas a la realidad actuarial, otorgue a PCE «dientes» para cobrar como autoridad fiscal y ponga fin al conflicto de interés en su dirección.
La crisis de Pensiones Civiles es una herida abierta en el corazón de Chihuahua. Sanarla requiere más que discursos y comisiones especiales en el Congreso. Requiere que los responsables paguen lo que deben y que los líderes políticos tengan el coraje de tomar decisiones difíciles, aunque impopulares. De lo contrario, no solo seremos testigos del colapso de una institución, sino del abandono de miles de chihuahuenses que dedicaron su vida al servicio público.
