Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón. Consultor en Educación en Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad
En las calles del centro de Chihuahua, una escena se ha vuelto dolorosamente familiar: maestros bloqueando avenidas, tomando oficinas, levantando la voz no por un capricho, sino por un derecho arrebatado. Detrás de las pancartas y las consignas yace una historia de más de una década sobre una prestación salarial que desapareció en un laberinto de reformas y burocracia. Se llama «Clave L», y para casi 2,000 docentes estatales, es el símbolo de una batalla por la dignidad y la justicia laboral.
Para comprender la esencia de esta lucha, es fundamental primero entender lo que se perdió. La «Clave L» y su evolución, la «Clave L Plus», trascendían la mera noción de un bono; representaban el reconocimiento tangible de una vida dedicada a la docencia. Esta prestación fue concebida para docentes con licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional que, tras 20 o más años de servicio, continuaban en las aulas implementando proyectos educativos en beneficio de sus estudiantes y comunidades. Al acreditar este tiempo, ascendían a la «Clave L Plus», buscando equiparar su salario con el de instituciones de alto prestigio como el Instituto Politécnico Nacional. En síntesis, era una promesa que garantizaba la recompensa de la experiencia, la preparación y la práctica comprometida.
Esa promesa se rompió. El último pago se realizó en 2015. La causa de su desaparición fue la Reforma Educativa de 2013, una ley federal que centralizó la carrera docente y, sin mencionarla directamente, dejó a la «Clave L» sin sustento legal. El nuevo sistema de promociones y reconocimientos basado en evaluaciones estandarizadas simplemente no tenía espacio para un acuerdo local basado en la antigüedad y la homologación.
Desde entonces, la respuesta del Gobierno del Estado ha sido un constante encogerse de hombros. La administración actual argumenta que sus manos están atadas por el marco legal federal, que ni la reforma de 2013 ni su sucesora de 2019 contemplan este pago. La culpa, dicen, es de una administración pasada que no «armonizó» las leyes locales con la federal, dejando a los maestros en una «indefinición jurídica». Su solución es simple y desesperante: que el asunto se resuelva en los tribunales.
Pero para el magisterio, agrupado en la Sección 42 del SNTE, esto no es un problema de interpretación legal, sino de derechos adquiridos. Su argumento, respaldado por el artículo 14 de la Constitución, es que una ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de nadie. La «Clave L» fue pactada en «minutas y convenios vigentes» que tienen fuerza de ley entre las partes y no pueden ser borrados de un plumazo por una reforma posterior.
Esta convicción los ha llevado a una lucha en dos frentes: la presión en las calles y la batalla en los juzgados. Y en el frente legal, obtuvieron una victoria crucial. En marzo de 2021, la junta de arbitraje laboral les dio la razón, emitiendo cinco laudos que reconocían su derecho al pago. Fue la primera vez que una autoridad validaba su reclamo, transformando una demanda sindical en un derecho reconocido. Sin embargo, la victoria no fue completa. El gobierno impugnó la decisión y el pago retroactivo se limitó a un año, por lo que el litigio continúa escalando en las cortes.
Hoy, la lucha por la «Clave L» se ha convertido en el estandarte de un descontento más profundo. En las protestas, se mezclan las exigencias por servicios médicos dignos en Pensiones Civiles del Estado, la basificación de personal de apoyo y la resolución de problemas de jubilación.
La historia de la «Clave L» es más que una disputa por una línea en un talón de pago. Es el reflejo de cómo las grandes reformas federales pueden arrollar los pactos locales, dejando a los trabajadores en un limbo. Es la crónica de una deuda que no es solo económica, sino también moral, con aquellos que han dedicado su vida a educar. Mientras el conflicto se prolonga en los tribunales y las oficinas gubernamentales, los maestros de Chihuahua siguen esperando que se les devuelva algo más que dinero: el respeto a su carrera y a su palabra.
