Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Imagine por un momento ser docente en una escuela pública de Chihuahua. Un día, enfrenta el hostigamiento de un superior; al siguiente, la violencia física de un alumno a quien no se le pueden poner límites; y para el próximo ciclo escolar, recibe una plaza en una región donde el crimen organizado impone su propia ley. Ahora imagine que, al buscar ayuda, se encuentra con un silencio administrativo, con un marco legal que habla de «revalorizarlo», pero que en la práctica le ofrece pocas herramientas para su defensa. Esta no es una hipótesis, es la realidad documentada de muchos maestros en nuestro estado.
En el papel, las leyes federales y estatales, como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, están llenas de buenas intenciones. Hablan de respeto y de dignificar la profesión. Sin embargo, este discurso se convierte en un espejismo cuando se contrasta con la cruda realidad. Una investigación periodística revela una peligrosa desconexión: mientras existen detallados protocolos para proteger al alumno (lo cual es indispensable), se ha dejado en un alarmante vacío la protección del docente cuando este se convierte en la víctima.
Los hechos hablan por sí solos. En el sur del estado, al menos cinco maestras han tenido que recurrir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para denunciar acoso laboral y sexual. En la capital, hemos visto escuelas paralizadas por padres y maestros desesperados ante la violencia ejercida por alumnos contra compañeros y personal docente. Y de forma más grave, hemos sabido de maestros que, tras ganar su plaza, se ven forzados a rechazarla por ser asignados a municipios donde su integridad física no puede ser garantizada.
Ante este panorama, la pregunta es obligada: ¿quién defiende a los defensores de la educación?
La protección de los docentes presenta fallas preocupantes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya función principal debería ser salvaguardar los intereses de sus miembros, es percibido por muchos docentes como una entidad más enfocada en la negociación colectiva y las confrontaciones políticas que en la asistencia legal individual. Esta profunda crisis de credibilidad se manifiesta en la emergencia de iniciativas como la «Red de Defensa Magisterial», así como en la formación de colectivos conformados por los propios educadores, tales como «Los de Abajo Organizados». Otros ejemplos incluyen los movimientos para exigir la restitución de la clave L y L Plus, los esfuerzos jurídicos de docentes para reclamar la creación de un fondo de vivienda para trabajadores estatales en Chihuahua, y el movimiento “Yo Soy 1064”.
Por otro lado, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y sus organismos muestran un punto ciego sistémico. Sus programas de apoyo psicológico y salud mental están casi exclusivamente dirigidos a los estudiantes, ignorando el desgaste, el estrés y el trauma que vive el personal en la primera línea de fuego. El docente es visto como el proveedor de soluciones, pero nunca como el sujeto que necesita apoyo.
Lo irónico es que un marco legal más robusto ya existe a nivel nacional. La Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son claras: establecen la obligación del empleador de garantizar un ambiente libre de acoso y violencia, y contemplan la asistencia legal y psicológica gratuita para las víctimas. El problema no es la ausencia de derechos, sino la falla en aplicarlos y difundirlos en el ecosistema educativo de Chihuahua.
Es hora de dejar atrás la retórica y pasar a acciones contundentes. Se tendría que trabajar en cuatro ejes de acción urgentes: Primero, la Secretaría de Educación debe diseñar e implementar un Protocolo de Actuación claro, expedito y específico para casos de violencia, acoso y amenazas contra el personal docente. Segundo, el SNTE debe trascender el discurso y crear una unidad de defensa legal especializada, transparente y accesible para estos casos, con el fin de reconstruir la confianza y ofrecer un respaldo real, así como explorar la posibilidad de crear un seguro de defensa jurídica. Tercero, el Gobierno del Estado debe establecer un programa permanente de bienestar y salud mental para docentes, reconociendo que su estabilidad emocional es pilar de la calidad educativa. Finalmente, es fundamental que cada docente del Magisterio conozca y se apropie de sus derechos consagrados en las leyes, pues el conocimiento es la primera herramienta de defensa.
Es fundamental reconocer que, frente a la legítima demanda de los docentes, se han puesto en marcha iniciativas para construir marcos legales de defensa y protección. Destaca la propuesta del diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez, que busca establecer un protocolo nacional para prevenir, atender y resolver situaciones de riesgo, violencia o conflicto escolar, garantizando la salvaguarda de los derechos de toda la comunidad educativa y procesos justos con asesoría jurídica.
En este mismo sentido, la SEyD y las Secciones 8 y 42 del SNTE están en un proceso de consultas al magisterio para la revisión del Marco Local de Convivencia Escolar de 2015 (Acuerdo 063). El objetivo es sentar las bases de un protocolo eficaz contra la violencia escolar, donde los maestros no teman repercusiones al intentar resolver conflictos. A esto se suma la iniciativa del diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes, que propone reformar la Ley de Educación y la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Chihuahua, con el fin de crear un Protocolo para la Protección de la Honorabilidad de los Profesionales de la Educación.
Estos esfuerzos representan un paso adelante en el reconocimiento y la protección de quienes dedican su vida a la enseñanza, buscando dignificar su labor y asegurar un entorno educativo más seguro y justo para todos.
Proteger a quienes educan no es una opción, es el cimiento de una sociedad funcional y justa. Es hora de que Chihuahua reconozca los riesgos de la función docente y salde la enorme deuda que tiene con sus maestros.
