Opinión por: Norberto Guerra
Un análisis sobre los métodos intimidatorios y las prácticas abusivas del fisco mexicano, donde la presión financiera y el hostigamiento psicológico operan en el delgado límite entre la recaudación legítima y la extorsión institucionalizada.
Cuando el tema de la corrupción ocupa la agenda pública, asistimos a un ritual predecible: la clase política se entrega a un juego de señalamientos mutuos, como si el acto de acusar al otro, por sí mismo, los revistiera a ellos de una pureza incontestable. Es una coreografía diseñada para trasladar el adjetivo «corrupto» lejos de sí, operando bajo la magia falaz de que la acusación equivale a inocencia.
En este teatro, el actual gobierno ha encontrado su estribillo perfecto: «no somos los mismos». Una frase que se repite con la insistencia de un mantra, pretendiendo erigir un muro infranqueable entre un pasado de impureza y un presente de supuesta virtud.
Pues bien, las acciones desmienten rotundamente la retórica. Lejos de esa pretendida diferencia, se observa un encono particularmente agresivo contra las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Este no es un arranque de coraje puntual; tiene el tino y la sistematicidad de una persecución feroz, metódica y aguda. El objetivo parece ser, lisa y llanamente, su asfixia financiera y operativa, su extinción progresiva.
Subyace a esta ofensiva una premisa peligrosamente arrogante: la creencia de que el Estado es el único actor legítimo para atender las necesidades sociales. Es la fantasía de un Leviatán benévolo y omnipotente. Una fantasía que la realidad se encarga de desmentir con brutal contundencia, una y otra vez, ante cada comunidad abandonada, cada programa social fracasado, cada promesa incumplida. La historia reciente está plagada de los «intentos» fallidos de un aparato que, solo no puede.
La carga administrativa se ha erigido como la primera trinchera de esta violencia psicológica. La obligación de presentar informes –cada vez más numerosos, intrincados y periódicos– no tiene como fin último la transparencia, sino la saturación estratégica. Este aluvión deviene en una psicosis inducida institucionalmente: genera una ansiedad constante, un estrés paralizante y un miedo a cometer el más mínimo error formal. En este punto, el objetivo primordial del contribuyente deja de ser el cumplimiento sustancial de la ley para convertirse en el intento desesperado de aplacar la amenaza latente de una sanción arbitraria. Este estado de vigilancia y tensión perpetua constituye, en sí mismo, una forma de tortura psicológica metódica y administrativamente aplicada.
Y he aquí la contradicción más cruel: la misma institución que impone esta burocracia asfixiante y lenta demuestra una velocidad pasmosa –y una ligereza jurídica alarmante– a la hora de decretar culpabilidades y ejecutar sanciones. Las órdenes de embargo se emiten con una presteza que bordea lo arbitrario, frecuentemente al margen de las más elementales garantías del debido proceso. El organismo actúa como juez y parte, traspasando sin vacilar el umbral de los derechos humanos fundamentales de las personas detrás de estas asociaciones. Se vulnera de manera flagrante el derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada y a un juicio justo. En este perverso mecanismo, el Estado se transfigura: deja de ser el garante último de los derechos para convertirse en su principal violador.
Es un lugar común en el discurso oficial: se alude constantemente a que, en el pasado, el esquema de las Asociaciones Civiles fue desvirtuado por algunos para cometer actos de corrupción y eludir obligaciones fiscales. Se les estigmatiza como meras “factureras” al servicio de la ilegalidad. Este argumento, repetido hasta el cansancio, sirve como el pretexto perfecto para la persecución generalizada.
He aquí la terrible injusticia: esa generalización culpable termina por castigar, no a los presuntos delincuentes (que operaron en la impunidad de su tiempo y hoy son invisibles para el fisco), sino a quienes ejercen esta figura con integridad. Somos miles los que hemos adoptado este modelo con la intención real y tangible de ayudar a nuestras comunidades, de tender una mano a las familias y a los individuos que más lo necesitan. Nuestro motor es la genuina solidaridad, no el afán de lucro o el engaño.
Sin embargo, somos nosotros, los que trabajamos a la luz del día, los que nos sometemos al escrutinio, los convertidos en el blanco fácil. Somos tratados como criminales en potencia, sometidos a un acoso que presume nuestra culpabilidad. Esta política de tierra arrasada no distingue entre el buen fruto y la mala hierba; quema el campo por completo.
Por eso, cuando se les cuestiona sobre su estrategia de acoso, su respuesta implícita es colocarnos a todos en el mismo saco. A ellos, nuestra voz les llega como un eco molesto. Por eso, hoy debemos gritarlo con más fuerza que nunca, para que la sociedad lo escuche claro:
NO SOMOS IGUALES. Nuestro trabajo, nuestra transparencia y nuestro compromiso con México son la prueba.
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Correo: norbertwar@gmail.com
