Tal y como habían dado a conocer desde el lunes, madres y padres de familia de la Secundaria Técnica 3101 decidieron tomar este miércoles desde temprana hora las instalaciones del plantel, en protesta por la continuidad de un estudiante que, vía amparos, ha permanecido en clases pese a que enfrenta múltiples denuncias por abuso sexual contra alumnas, así como agresiones contra alumnos y docentes. Los inconformes denunciaron que existen hasta 11 denuncias formales ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, además de al menos ocho más ante la Fiscalía General del Estado, y reprocharon que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) no ha activado los protocolos correspondientes ni ha acatado una suspensión provisional concedida el pasado 12 de septiembre por un juez federal a una de las víctimas. Aseguraron que el amparo presentado por los padres del menor aludido habría sido rechazado
Silvia Prieto, madre de familia del plantel, expuso que la problemática se arrastra desde septiembre del ciclo escolar pasado y que, pese a la gravedad de las acusaciones, el menor continúa acudiendo a la escuela. “El niño agrede a las niñas sexualmente con tocamientos, a los niños los golpea y también a maestros y maestras. Actualmente hay 11 denuncias en la FEM. Desde que se presentaron las primeras quejas en marzo, la Secretaría de Educación no activó protocolos, y eso es una omisión grave”, señaló.
Las madres y padres refirieron que los tutores del menor argumentan que este presenta la condición de Asperger dentro del espectro autista, pero recalcaron que hasta ahora no se ha acreditado con documentos oficiales ante la escuela. “Aun cuando se comprobara un diagnóstico, eso no le da derecho a violentar sexualmente a las niñas ni a golpear a compañeros y docentes. El derecho de un menor no puede estar por encima del derecho humano a la educación en un ambiente libre de violencia de toda la comunidad escolar”, puntualizó Prieto.
Los inconformes recordaron que el pasado viernes se registraron nuevas agresiones contra una alumna, un alumno, una maestra y la persona que funge como sombra del estudiante, “la cual no tiene perfil ni acreditación alguna”. En ese sentido, acusaron a la SEyD de dejar en indefensión a la comunidad escolar, pues el argumento de la dependencia fue que el alumno contaba con un amparo, cuando en realidad ese recurso fue negado desde el ciclo anterior.
De acuerdo con las familias, el malestar es generalizado y no se limita a quienes han presentado denuncias formales. “Estamos hablando de cerca de 30 víctimas entre agresiones sexuales y físicas. No todas han denunciado, pero los hechos son conocidos por todos. Los padres ya no queremos que nuestros hijos salgan lastimados ni con secuelas psicológicas”, insistieron.
Finalmente, advirtieron que no se retirarán de la escuela hasta que la Secretaría de Educación y Deporte actúe conforme a derecho, acate la suspensión provisional y garantice la aplicación de los protocolos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. “Nosotros exigimos que se garantice el derecho a la educación en un ambiente libre de violencia para nuestros hijos, no pedimos otra cosa”, sostuvieron.
