Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
Las Iniciativas Ciudadanas en su nombre exponen a plenitud tanto la intención como su origen, por ello, la paternidad de las mismas no necesariamente debe de ser explícita ni mucho menos exigida.
Con tristeza, observamos que en los tiempos recientes los y las docentes, el personal administrativo y de asistencia y apoyo a la educación han migrado de ser motivo de respeto a ser criminalizados, y esa desafortunada transformación cultural ha venido aparejada de una ausencia de garantías jurídicas o normas legales que protejan su invaluable función en el entramado educativo.
La «Ley Tere» surgida a raíz de una falsa acusación a una maestra queretana, se convierte entonces en una necesidad de unión y empatía por parte de los colectivos escolares para la urgente atención de los cuerpos legislativos.
Si se logra su aprobación, la Ley Tere sin duda representará un avance significativo para asegurar la defensa de los derechos de los maestros y administrativos chihuahuenses porque ésta propone implementar mecanismos de equilibrio que, sin abandonar el interés superior de la niñez, también sancione a quien acuse falsamente a un profesor o integrante de la comunidad magisterial estableciendo mecanismos de compensación para aquellos injustamente acusados.
Sumemos Voces.
