Opinión: Mtro. Norberto Guerra Mendias
A lo largo de la historia, los pueblos originarios de México han enfrentado sistemáticamente procesos de marginación, despojo territorial y violaciones a sus derechos fundamentales. Este patrón de opresión, que se remonta a la época colonial y persiste en formas modernas, ha tenido profundas consecuencias en su organización social, identidad y relación con el mundo exterior.
Los rarámuris, uno de los grupos indígenas con mayor presencia histórica en el estado de Chihuahua, región que ha sido su territorio ancestral desde tiempos prehispánicos, no solo han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia cultural, sino que continúan enfrentando amenazas contemporáneas como el despojo de tierras, la explotación de recursos naturales, la expansión del narcotráfico y la complicidad de actores políticos y económicos.
Su carácter reservado, frecuentemente interpretado como introversión, puede entenderse como una estrategia de preservación ante siglos de abusos. Lejos de ser una mera consecuencia pasiva, esta actitud refleja una forma de resistencia silenciosa frente a un sistema que históricamente los ha excluido.
En México, los pueblos originarios enfrentan un sistema judicial que los discrimina estructuralmente. Para los rarámuris —habitantes ancestrales de la Sierra Tarahumara en Chihuahua—, esta injusticia adquiere una dimensión particularmente grave: son procesados penalmente sin comprender los cargos en su contra, al no contar con intérpretes en su lengua materna durante los juicios. Este vacío legal ha facilitado su criminalización, el encarcelamiento arbitrario y, en muchos casos, el despojo territorial por parte de actores poderosos (narcotráfico, terratenientes o autoridades corruptas).
La falta de acceso a intérpretes jurídicos viola los derechos humanos básicos de los rarámuris, convirtiendo los procesos legales en farsas que perpetúan su marginación. Casos documentados muestran que, al no entender el español —lengua en la que se redactan actas, acusaciones y sentencias—, firman confesiones falsas, ignoran defensas técnicas o son condenados por delitos inexistentes. Peor aún: muchos son acusados por defender sus tierras, recursos naturales o autonomía comunitaria.
El sistema penal mexicano no juzga a los rarámuris: los condena por default. Desde el momento en que un indígena es detenido, el Estado falla. No hay intérpretes que les expliquen qué está pasando, no hay defensores que realmente los defiendan, no hay justicia—solo hay trámites burocráticos disfrazados de legalidad.
¿Cómo puede un hombre rarámuri declararse culpable si nadie le ha explicado, en su lengua, de qué se le acusa? ¿Cómo puede defenderse si su «abogado de oficio» solo aparece para presionarlo a aceptar un «procedimiento abreviado»? Las confesiones se obtienen en español, un idioma que muchos no dominan. Las sentencias se firman sin juicios, sin pruebas contundentes, sin debate. Solo hay prisas—las prisas de un sistema que quiere limpiar sus cárceles, aunque sea a costa de enterrar vidas indígenas tras las rejas.
La prisión preventiva es su primer castigo. Meses, a veces años, encerrados sin sentencia, abandonados por sus defensores, desgastados por un proceso que no entienden. Hasta que, al final, aceptan. Firman lo que sea. No por convencimiento, sino por rendición. ¿Qué otra opción tiene? El Estado les ofrece un «trato»: si se declaran culpables, saldrán un poco antes. No importa si en realidad cometieron el delito. No importa si hubo violaciones al proceso. Lo único que importa es que el expediente quede cerrado.
Mientras tanto, la sociedad mira hacia otro lado. Nadie pregunta por qué tantos rarámuris terminan en la cárcel. Nadie cuestiona las irregularidades en sus expedientes. Nadie recuerda que, hace siglos, les arrebataron sus tierras, y hoy les arrebatan su libertad.
Esto no es justicia, es una mentira, los rarámuris no necesitan «procedimientos abreviados», necesitan intérpretes, defensores comprometidos, jueces que escuchen, necesitan, por una vez, que el sistema los trate como personas, y no como obstáculos para llenar cuotas de sentencias.
99% de condenas sin juicio: En Chihuahua, el procedimiento abreviado (ese «atajo legal» donde se presiona a declararse culpable) representa 9 de cada 10 sentencias contra indígenas (INEGI, 2022). Para los rarámuris, la cifra es aún más brutal: 99% jamás llega a juicio oral. Firman su condena sin entenderla.
Prisión preventiva = tortura legalizada: El 83% de los indígenas presos en el estado están sin sentencia (CNDH, 2021). Pasaron en promedio 2.3 años tras las rejas antes de que un juez decidiera su suerte. ¿»Inocentes hasta demostrar lo contrario»? Para los rarámuris, es al revés.
Defensores que no defienden: Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), el 92% de los defensores públicos asignados a indígenas no hablan su lengua y el 78% no visita a sus clientes en la cárcel. Sus «defensas» suelen ser de 15 minutos: «Firme aquí, le reducen la pena».
Confesiones sin intérpretes: Aunque la ley exige traductores (Art. 2º constitucional), 6 de cada 10 rarámuri detenidos declararon sin asistencia en su idioma (Documenta AC, 2023). Peor aún: 40% de esas confesiones fueron anuladas después… pero ya estaban condenados.
La deuda no es de ellos. La deuda es nuestra.
Unos meses atrás, llegaron a la capital del estado de Chihuahua un grupo de personas de la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza del mismo estado, Chihuahua. Estas personas se manifestaron afuera del congreso local pidiendo apoyo a la ciudadanía, autoridades, legisladores y gobiernos, quien respondió de inmediato fue la ciudadanía, como siempre responde, como siempre los gobiernos no reaccionan, como siempre, lo hacen despacio.
Poseo conocimiento sobre lo que son las certificaciones por competencias laborales CONOCER tengo algunas certificaciones y busco algunas otras que puedan ser de utilidad para mi área laboral. En esta búsqueda repentina y fortuita me encontré el estándar EC 1230 Uso de la Lengua Ralámuli en un contexto cotidiano
Propósito del Estándar de Competencia
Este estándar tiene como objetivo servir como referente para evaluar y certificar a las personas que utilizan la lengua ralámuli (oral y escrita) para lograr una comunicación efectiva en su contexto comunitario y/o educativo.
· Promoción y alcance: El estándar es impulsado por la Entidad Certificadora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), como parte de su amplio catálogo de certificaciones.
· Impacto comunitario: Como muestra de su compromiso social, la UPNECH otorgó becas a cuatro personas de la comunidad de Yerbabuena, quienes recientemente obtuvieron su certificación. Esta iniciativa refleja la importancia de preservar y fortalecer las lenguas indígenas en el ámbito educativo.
Platiqué con la persona encargada de la Entidad Certificadora de la UPNECH sobre el estándar y la necesidad que existe en las comunidades de contar con intérpretes de la lengua rarámuri al español y viceversa, que tenemos un grupo de personas que se podrían certificar, además de ayudar a su comunidad como intérpretes, pues que también podrían generar un ingreso económico para sus familias, lo más importante es darles oportunidades laborales cerca de su comunidad. El proyecto gustó, tanto que la Entidad Certificadora becó a las cuatro personas para que se certificaran, no se pagó un solo peso, y por eso, es muy grande el agradecimiento para con la Entidad y la UPNECH. Gracias a la Rectora Mtra. Graciela Aída Velo Amparán por el apoyo.
La certificación en lengua ralámuli como herramienta de justicia y preservación cultural
El caso de Gerardo Cruz Cruz (aceptado como intérprete en el juzgado de control del distrito judicial hidalgo con sede en Parral, Chihuahua) ejemplifica el impacto transformador que tiene la certificación de competencias en lenguas indígenas, no solo como un reconocimiento académico, sino como un instrumento de justicia y equidad. Con esta certificación se está logrando:
Garantizar derechos humanos fundamentales: La certificación permitió que Mauricio N. accediera a un intérprete calificado, asegurando un juicio justo y respetuoso con su identidad lingüística. Esto sienta un precedente contra las prácticas arbitrarias del sistema judicial.
Fortalecer la autonomía comunitaria: Al capacitar y certificar a hablantes de ralámuli, se empodera a las comunidades indígenas para participar activamente en espacios formales (educativos, legales y administrativos), reduciendo así la dependencia de intermediarios externos.
Preservar la lengua y cultura ralámuli: Este caso demuestra que la valorización institucional de las lenguas originarias fomenta su uso práctico en ámbitos críticos, combatiendo su desplazamiento.
Reflexión final
La colaboración entre instituciones educativas (como la UPNECH), las comunidades indígenas y el sistema judicial puede cerrar brechas de desigualdad. La certificación de Gerardo no solo benefició a un individuo, sino que abrió una puerta para que más personas ejerzan sus derechos lingüísticos. Este modelo debería replicarse en otros contextos donde las lenguas originarias son marginadas. Me siento muy orgulloso de haber participado en la idea original, de haber propuesto la certificación y más que nada, orgulloso de haber conocido a las personas de la comunidad y poner un granito de arena para mejorar el entorno psicosocial y económico de su lugar económico. Son de esos momentos que marcan y dejan huella en la conciencia y en el alma, que trascienden en la vida.
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