Ciudad de México. Aunque en la aprobación de las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones se incorporaron diversos elementos positivos para evitar abusos, todavía hay algunos otros puntos que pueden significar un riesgo entre las funciones la Guardia Nacional (GN), advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En una carta elaborada por el representante de dicho organismo internacional, Jan Jarab, se reconoce en primer término que muchas de sus recomendaciones fueron adoptadas en la reforma constitucional que dio lugar al surgimiento de la GN, publicada el 26 de marzo de este año.
No obstante, al analizar las mencionadas minutas sobre las leyes que regirán a la GN –y que están por discutirse en la Cámara de Diputados, tras su aprobación en el Senado--, la ONU-DH emitió una serie de consideraciones preliminares sobre algunos “aspectos preocupantes”.
Con respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Jarab alertó que dicha norma no incluye a los agentes migratorios que hacen uso de la fuerza; además de que incluye diversos términos “laxos e imprecisos” que impiden definir con exactitud su ámbito de aplicación.
De igual manera, el especialista advirtió que no se establece una debida regulación del uso de la fuerza letal, ni de la consiguiente graduación en el uso de la fuerza, lo cual contraviene la obligación de regular esta materia de forma precisa.
Asimismo, en la carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el representante de ONU-DH hace ver que la ley podría vulnerar el derecho a la protesta, al mantener una óptica de “control de multitudes” y no garantizar el derecho a la manifestación.
Por lo que se refiere a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Jarab consideró que esta norma podría ser mejorada con elementos como incluir en su operación lo relativo a detenciones llevadas a cabo bajo la jurisdicción militar, además de establecer la nacionalidad de la persona como uno de los primeros campos de información.
Además, propone establecer claramente todo lo relativo al lugar donde la persona permanece privada de la libertad y el lugar al que es trasladada, así como la información relacionada con la asistencia legal recibida tras la detención.
La ONU-DH alentó a la Cámara de Diputados a “abrir un proceso de discusión público e incluyente en torno a las minutas” y reiteró su ofrecimiento de asesoría y cooperación técnica sobre el tema.
