Mientras reportaban que no había comisionados en Educación, Chihuahua gastó 149 mdp en éstos de 2015- 2018; Los de la Sección 8, entre los más altos a nivel nacional

Chihuahua, Chih.- El informe "La impunidad en la nómina magisterial: Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone)" elaborado por el profesor Marco Antonio Fernández Martínez y presentado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, no deja en buen lugar al estado de Chihuahua. Y es que exhibe que mientras las autoridades reportaban que no había trabajadores de la educación comisionados, Chihuahua habría pagado -"indebidamente" asegura el estudio- nada más y  nada menos a estos que 149 millones de pesos, situándose como el estado, con diferencia, que más gastó por este concepto siempre controvertido. Si bien no en número total de comisionados, que entre 2015 y 2016 cifra en 288 en la entidad, el informe sí asegura "que los pagos a los trabajadores de la sección 8 del SNTE, se encuentran entre los más altos a nivel nacional" y advierte de la permisividad de las autoridades.

El  estudio mencionado, consistente en 148 páginas, señala cuestiones a nivel Federación como que "Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 66 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales", haciendo el paralelismo que "este monto podría haberse usado, por ejemplo, para disminuir las desigualdades del 25% de los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en localidades de alta marginación en educación básica".

Entrando más al detalle, asegura literalmente que "las irregularidades observadas, durante el período analizado, fueron más graves en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, donde se destinaron más de 100 millones de pesos en pagos indebidos a comisionados sindicales".
 
Advierte que "hay una práctica preocupante que sugiere las autoridades en los estados buscaron estrategias para tratar de evadir las restricciones legales que prohíben el pago de personal comisionado al sindicato".

Tras señalar que trece entidades reportaron menos comisionados de los que tenían, "en total, durante 2015 y 2016, se erogaron 895 millones de pesos para el pago de 3,327 bajo el concepto de comisiones en labores administrativas ajenas a la función educativa". 

"Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila e Hidalgo, fueron las entidades que registraron el mayor número de comisionados en estas categorías. Cabe destacar que justo estas entidades habían reportado no tener comisionados sindicales o reportaron un número muy bajo pero al analizar las distintas bases de datos que enviaron como parte de los informes correspondientes al Fone, se pudo detectar que las comisiones sindicales habían sido asignadas bajo otro rubro con denominación diferente de la clave presupuestal de sus centros de trabajo pero con funciones de comisión sindical", asevera el informe.

"La distribución de los montos erogados para estos trabajadores también revela las características de las secciones sindicales en los estados. Por ejemplo, en Aguascalientes se pagaron 130 millones de pesos a cerca 1,200 personas durante 2015 y 2016. Los principales miembros del sindicato resultaron altamente beneficiados por estos pagos indebidos". 

"Lo mismo sucedió en Chihuahua, donde las autoridades no reportaron ningún comisionado con licencia sindical. Sin embargo, la entidad erogó más de 137 millones de pesos para 288 personas durante 2015 y 2016 bajo esta modalidad de comisión con una clave de la plaza con denominación distinta. Inclusive, es posible identificar que los pagos a los trabajadores de la sección 8 del SNTE, se encuentran entre los más altos a nivel nacional.

De hecho, aporta un listado con las personas que recibieron los sueldos más altos teniendo una comisión sindical a nivel República y entre ellos aparecen tres casos de Chihuahua.

En octavo lugar: Noel Antonio García Rodríguez 1 millón 292 mil 440 pesos (En 2011 encabezó la planilla del movimiento Resissste en las elecciones para renovar la dirigencia de la Sección 8 del SNTE. Aparece en la lista de comisionados del FAEB desde el 1er Trimestre del 2013 recibiendo percepciones por $172,556,23 trimestrales)

Lugar 14: Arturo Bravo Rodríguez, 1,210,499 Aparece en la lista del personal comisionado desde el 2010

Lugar 16: Josefina Margarita Del Real Meza 1,192,201 Se desempeñó como la representante sindical de la Secundaria Federal "Leyes de Reforma". En 2012 aparece en el listado de comisionados del SNTE con 9 plazas. En 2013 aparece en la lista de candidatos del PANAL por los distritos X y XX. 

También refiere que "llama la atención que una proporción importante de comisionados sindicales (centros de trabajo con las claves AGS, AGD y FGD), fueron reubicados en centros de trabajo administrativo (clave ADG). Por ejemplo, 1,833 personas reportadas en las bases reportadas del Fone en el primer trimestre de 2015 como comisionados sindicales, se reubicaron en puestos administrativos al primer trimestre de 2017".

"Hay diferencias en los logros de la gestión educativa entre entidades federativas, donde algunos gobiernos han buscado avanzar en la administración de sus sistemas educativos y lograr mejores resultados en sus aulas (Ej. Puebla y Sonora). La administración de las necesidades educativas de los estados desde la visión central de la SEP fue un fracaso y estuvo caracterizada por una corrupción rampante y por la captura del aparato educativo por parte del SNTE", señala más adelante. 

Refiere que ésto no produjo resultados de educación de calidad, y que la recurrente irresponsabilidad subnacional y el entusiasmo por centralizar aún más la política educativa tenía que ser considerados con cautela. 

A este mismo respecto y coincidiendo con el anuncio del gobierno de la República de federalizar a todo el magisterio, incluyendo los subsistemas estatales, el informe advierte que "pensar que toda la nómina educativa puede centralizarse — incluyendo la del 30% que aproximadamente sigue en manos de los estados— implicaría ahondar más las limitaciones en muchos gobiernos estatales que no asumen la administración adecuada de sus sistemas educativos con relación a la mejora de la calidad y superación de los rezagos en oportunidades de lograr trayectorias educativas completas y aprendizajes integrales, lo que abriría el camino a un probable deterioro mayor de los resultados educativos".

Volviendo y entrando de lleno al objeto del informe, manifiesta que "La opacidad y carencia de mecanismos efectivos para rendir cuentas, sumado al creciente flujo de recursos transferidos, propiciaron que los gobiernos estatales, sin importar el partido, desviaran ilegalmente montos importantes para financiar actividades y salarios no correspondientes con la finalidad del Fondo". 

"Además de esto, los recursos fueron utilizados con fines clientelares, tales como apaciguar marchas, protestas y demás acciones disruptivas llevadas a cabo por las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE) y de su parte disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE)", añade.

Ante este contexto, el informe de México Evalúa sostiene que "el sindicato fue de los actores más beneficiados con este fondo. A través de diferentes mecanismos, el SNTE obtuvo diversas prebendas salariales que poco tenían que ver con el mérito y mucho con su fortalecimiento como institución sindical tras la descentralización educativa". 

"Como el fondo estaba destinado al pago de la nómina educativa, los líderes sindicales, aprovechando la fragmentación de responsabilidades de las autoridades  educativas entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, se beneficiaron de una doble negociación salarial", exhibe.

Apunta que entidades como Sinaloa, Baja California Sur, Coahuila y Oaxaca destinaron recursos federales para financiar la nómina y programas educativos de los sistemas educativos estatales. 

"Entre 2015 y 2018 se destinaron más de 170 millones de pesos a más de 6 mil trabajadores con comisión sindical. Un monto que pudo ser utilizado para reducir la desigualdad educativa a 42 mil alumnos con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, o para brindar capacitación a más de 180 mil docentes", agrega más adelante.

"En Veracruz se destinaron 28.14 millones de pesos para el pago de comisionados con licencia o prórroga de la misma, el mayor en todo el país. Le siguen Morelos con 14.51 millones de pesos, Puebla con 13.15 y el Estado de México con 12.36 millones respectivamente Con erogaciones menos cuantiosas se encuentran Yucatán, Baja California, Hidalgo y Guerrero, donde en cada uno de ellos, se destinaron menos de 200 mil pesos en el pago de estos trabajadores. Chihuahua y Michoacán, a diferencia del resto del país, no reportaron personal que ejerciera alguna comisión sindical con licencia o prórroga de licencia. Sin embargo, como se mostrará más adelante el personal comisionado estaba oculto bajo otras modalidades en la nómina".

El informe hace un paralelismo sobre la equivalencia del dinero gastado en pago de comisionados y señala que esos 1 mil 066 millones de pesos hubieran permitidido alguno de los siguientes rubros:  disminuir las desigualdades del 25% de los estudiantes que asisten a escuelas de alta marginación en educación básica, la capacitación de 1 millón 215 mil profesores, casi el 100 por ciento de los docentes de educación básica, financiar por cuatro años a los más de mil docentes de inglés que se buscaron contratar para dar clases en las escuelas normales,  mejorar las condiciones del 4% o más de las 12 mil 424 escuelas en zonas de alta marginación del país, atender a un 25% más de los 164,743 alumnos que hay en preescolar, u otorgar una beca para un año al 38% de los 30 mil estudiantes de educación media superior que viven en localidades de alta marginación, por ejemplo.

Pero el informe no se queda ahí y advierte de "intentos de autoridades estatales, referidos en los casos emblemáticos de 10 estados (Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Durango, Tlaxcala, Colima, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas), de mantener pagos indebidos a comisionados sindicales, pese que originalmente, habían reportado no contar con esta figura". 

"Sin embargo, como se ha asentado en el análisis presentado en la sección anterior de este estudio con base en la información pública enviada por dichas autoridades a la SEP, estas figuras de comisionados se mantuvieron por algunos trimestres adicionales bajo otra nomenclatura en centros de trabajo que, para efectos prácticos significó comisionados para el sindicato magisterial con cargo al erario. Nuevamente se desconoce si se hicieron los procesos administrativos y penales respectivos tanto por el envío de información falsa, así como por la tolerancia de los pagos indebidos por parte de dichas autoridades", prosigue.
 
Añade  que "tampoco se cuenta con información si las autoridades federales dieron vista a los órganos internos de control y a las fiscalías en los estados para iniciar los procesos administrativos y las investigaciones para deslindar la comisión de posibles delitos por parte de quienes recibieron dichos emolumentos".

En torno a este mismo aspecto, denuncia que "Distintas entrevistas en entidades federativas sugieren que existen márgenes importantes de tolerancia y discrecionalidad de diversas autoridades educativas estatales que permiten el pago a comisionados del sindicato con cargo a los presupuestos financiados con recursos estatales. Esta práctica, al igual que lo ocurrido con los recursos federales, es contraria a la ley y, hasta ahora, al igual que sucede con la situación de los pagos indebidos realizados con cargo al Fone, estos abusos siguen impunes al no tener consecuencias administrativas y penales ni de quienes los permiten ni de quienes se benefician". 

En el caso de Chihuahua, el informe de México Evalúa precisa que el "Gobierno del Estado encabezado por Javier Corral, se coordinó con la Auditoría Superior de la Federación, para que ésta realizara dentro de una auditoría, el pase de lista del personal de educación básica y normal del estado". 

Acto seguido apunta que "no se tiene información que entidades con un tamaño de nómina importante financiada con sus propios recursos como lo son el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Baja California hayan llevado a cabo ejercicios de transparentar y verificar la presencia en sus centros de trabajo del personal registrado en su nómina de educación básica y normal".