Chihuahua, Chih.- Un buen enganchón se dieron esta tarde en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución un grupo de alrededor de 50 maestras que denunciaron tener sus trámites de jubilación atorados ante la negativa de la Secretaría de Educación y Deportes de liberar sus "hojas de servicio" o "media hoja", el desconocimiento de la antigüedad que les reconoce el Departamento de Archivo de la propia SEyD -superando los 28 años en las mujeres y 30 en los hombres- al desconocerles en este rubro su periodo de "Plaza Beca" o "Plaza Estudiante" (una plaza, no una beca) y asimismo los oficios del Jurídico de Pensiones Civiles del Estado en los que les avalaban la pertinencia de su reconocimiento. Las autoridades educativas reconocieron que la situación era "anómala", pero se escudaron en fundamentos jurídicos, en la irresponsabilidad del documento emitido por el Jurídico de PCE, en la disparidad de antigüedades en los registros de SEyD, Hacienda y PCE, y sobre todo y fundamentalmente en resoluciones judiciales preexistentes negándole la razón a maestros que se fueron por la vía de los tribunales y en la necesidad de no incurrir en irregularidades que les pudieran comportar consecuencias administrativas o penales a los servidores públicos actuales. Tras un interesante debate dialéctico con concepciones encontradas, se acordó establecer una mesa de trabajo y agrupar los 400 casos estimados en diferentes grupos dependiendo del número de requisitos que cumplan cada uno de ellos.
Acompañados de los titulares de la Secretaría de Jubilados y Pensionados y Pensiones y Jubilaciones de la Sección 42, Norma Patricia Flores Cota y Aminadab González Quiñónez, y un abogado del sindicato, un grupo de medio centenar de docentes, en su mayoría mujeres, hicieron acto de presencia para exigir a las autoridades de la SEyD una solución a los cerca de 400 casos de jubilaciones atoradas y cuyos trámites prejubilatorios fueron metidos desde el pasado noviembre de 2018 con el aval del reconocimiento de antigüedad de Archivo y que a la hora de la verdad Educación les hace de humo, desconociéndolo y negándole la hoja de servicio, alegando la imposibilidad de contabilizar el servicio desempeñado con la "Plaza Beca" o "Plaza Obrera" con la que iniciaron en el servicio -hace entre 28 y 32 años aproximadamente- como interinas, no como becadas.
Las inconformes denunciaron igualmente un doble rasero, apuntando casos de compañeras de generación e incluso de posteriores cuyos trámites ya habían salido sin necesidad de recurrir a la vía de los tribunales, señalando que en algunos casos habría sido por la afinidad con el sindicato.
Así se lo hicieron del conocimiento al encargado de la Dirección de Administración de la SEyD, Héctor Iván Ortega Baca, y el Coordinador del Jurídico de la Secretaría, Fernando Robles Velasco, que fueron quienes atendieron a las quejosas, después de que el encargado de Recursos Humanos del Magisterio, Martín Balderrama González, desapareciera tras emplazar a las dos partes a dialogar.
Maestras agraviadas y servidores públicos de la SEyD confrontaron concepciones y puntos de vista, desde el significado de la "Plaza Beca" ante la confusión -interesada según la maestra por parte de la autoridad- de hacerla pasar por una beca cuando en realidad se trataba de una plaza y por tanto el periodo bajo ese régimen debía ser considerado un interinato realizando funciones frente a grupo con toda la responsabilidad que ello implicaba.
Asimismo, exhibieron talones de cheque de aquel entonces con la terminación "/1" que las incluiría en la categoría de "trabajadores", alegando también que la relación obrero-patrón quedaba también atestiguada desde el momento en que aparecían en la nómina, recibían servicio médico y se les descontaba para sus aportaciones a Fondo Propio.
No obstante, las autoridades, en primer lugar Héctor Ortega y posteriormente Fernando Robles, aseguraron que si bien su intención no era perjudicar a los maestros, exhistían interpretaciones y fundamentos jurídicos y más allá de eso sentencias en firme de Tribunales Colegiados -aludiendo fundamentalmente a una de un caso similar de Chihuahua de 2012- en la que el juez daba la razón a la Secretaría y no al maestro que se animó a llevar el caso a los tribunales.
Héctor Ortega desconoció los reconocimientos de antigüedad emitidos por Archivo de la propia SEyD, calificó de "imprudencial" el oficio emitido por la Jurídico de Pensiones Civiles reconociendo el derecho de los quejosos, y aludió a que el proceso no dependía únicamente de Educación, sino también de la Secretaría de Hacienda y PCE y el problema es que las cifras de antigüedad de los maestros no coincidían en estas tres dependencias, cuestión de la cual Pensiones les advertía una vez ingresaban los documentos.
El titular de la Dirección de Administración de la SEyD reconoció que evidentemente se trataba de una situación "anómala", que habría ex funcionarios que no habrían obrado correctamente, que no podía regresar a los maestros que sí habían logrado que sus trámites salieran y aseguró que, si bien para todos lo más fácil sería palomear la salida de sus jubilaciones, ellos como autoridad debían hacer lo conducente, apegados a la ley, para que los errores del pasado no se volvieran a repetir y tomar decisiones que en un futuro les fueran a comportar sanciones administrativas o incluso penales.
Las quejosas les recriminaron su cerrazón para desatorar estos casos pendientes, mientras otros misteriosamente salieron sin tantas trabas, abonando a una interpretación a modo por parte de la autoridad para referirse a la "Plaza Beca" como una beca, cuando no lo es, y exigieron una solución para que el proceso no fuera escalando niveles de autoridad.
Tras aludir Fernando Robles a la sentencia del Tribunal Colegiado de 2012 y señalar que ellos podrían perfectamente como autoridad haber tomado la decisión de dejar el tema pasar y obligar a las quejosas a recurrir a la justicia con el riesgo de correr la misma suerte que este caso, afirmó que la intención era la de dialogar y poder encontrar una solución.
Para ello, planteó la posibilidad de entablar una mesa de trabajo donde ambas partes pudieran presentar bajo su punto de vista cuáles debían ser los criterios para comprobar la antigüedad de la relación patronal, y al mismo tiempo agrupar los casos según el número de requisitos que cumplieran y en caso de que se viera que las quejosas tenían la razón, poder buscarles una solución por paquetes.
