Chihuahua, Chihuahua.- La Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado, reunió el día de ayer a profesionales del derecho en virtud de analizar la Ley de Prisión Preventiva Oficiosa; dijo que está propuesta desincentiva la justicia, potencia la corrupción, y criminaliza la pobreza.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González indicó que es importante, que a pesar de que todo indica que la reforma se va a aprobar, que quede constancia de lo que está sucediendo.
Manifestó que le tocó participar en varias audiencias públicas en donde externo que la reforma constitucional que se propone es son duda alguna violatoria de los derechos humanos.
Dijo que es una reforma regresiva en términos de lo que prohíbe el Artículo Primero de la Constitución cuando se habla de derechos humanos y su tutela.
"Es una reforma que muy probablemente va a acabar en una condena a México por responsabilidad internacional", expresó.
Comentó que la propuesta parte de una premisa falsa "tratándose de los delitos", como si los delitos fueran a la cárcel, como si los jueces pudieran enviar a la cárcel a los delitos, lo que es falso, ya que están al inicio de un proceso y todavía no hay certeza de un delito, "sin ni siquiera la certeza de un delito una persona va a estar detenida todo el tiempo que dure el proceso", señaló.
Argumentó que sería bonito que fuera así, que no hubiera la menor duda de que son responsables de los delitos y se pudiera tener la certeza de que quienes están ahí son los perpetradores de secuestro, feminicidio, robo a transporte, pero la realidad no es así, ya que las personas que son imputadas están mezcladas con todos los demás, no traen un letrero que diga "soy secuestrador, soy homicida..."
Añadió que está es una reforma que criminaliza la pobreza ya que los que tienen menos son los que menos tienen posibilidad de defenderse y son los que irán a prisión preventiva oficiosa; es una reforma que potencia e incentiva la corrupción debido a que la decisión estaría a manos del fiscal.
"Desincentiva la justicia y potencia la corrupción, porque cuando usted mete a la cárcel a alguien al inicio de un proceso, ya no hay incentivo para seguir investigando", argumentó.
Dijo que al final lo que se trata es el meter a la cárcel a las personas y no el resolver un delito.
