- Mantiene su posición vs militarización; la Guardia Nacional sólo será viable si mantiene mando, composición y formación civil.
- No defendemos modelos fallidos, defendemos a personas reales, especialmente las más desfavorecidas, que han sido víctimas de violaciones a sus DH por parte de militares.
- Riesgoso que desde la más alta investidura del país se descalifique de manera generalizada a actores relevantes en el desarrollo democrático del país.
Desde hace más de 30 años las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hemos acompañado a víctimas de violaciones a derechos humanos de todos los estratos sociales, pero especialmente los más desfavorecidos. Desde finales del siglo pasado nos opusimos a los retenes militares que después fueron legitimados por la SCJN.
Organizaciones que nos honran perteneciendo a esta Red han ganado ante el Estado Mexicano gran parte de las Sentencias de la Corte IDH, varias de las cuales precisamente han documentado los efectos más nefastos de la militarización. Hace un año nos opusimos junto con la sociedad a la Ley de Seguridad Interior. Un logro de la sociedad civil fue que la SCJN emitiera la primera declaración de inconstitucionalidad integral de una ley en la historia.
En esta lógica consideramos importante precisar que no defendemos modelos fallidos, como afirmó ayer el presidente de la República, sino a personas concretas que han sido afectadas por decisiones tomadas por los distintos niveles de gobierno. Más bien, de manera responsable, tratamos de ofrecer argumentos basados en esta experiencia y en nuestra clara cercanía con las personas y comunidades, en las audiencias que la cámara de diputados abrió hace un mes. Lamentablemente dicho ejercicio nos demostró que no hay condiciones ni voluntad política para un diálogo en torno a estos temas. Por el contrario nos genera gran preocupación la descalificación de argumentos, personas y colectividades desde posiciones hegemónicas.
Nos resulta muy claro que la militarización no ha resuelto el problema del narcotráfico, como supuso Felipe Calderón. Por el contrario vivimos durante los pasados dos sexenios un constante fortalecimiento del crimen organizado. Por otra parte el despliegue desproporcionado de las Fuerzas Armadas no sólo ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, sino que ha generado la descomposición social en las comunidades. Estas consideraciones nos urgen a no aceptar un paradigma militar que parece ampliarse y fortalecerse en el actual dictamen de la Guardia Nacional. El nuevo modelo de seguridad solo será viable si mantiene mando, composición y formación civil.
Por otra parte no podemos omitir señalar que es responsabilidad de las más altas esferas del Estado contribuir al entendimiento social y no alimentar la polarización. La Sociedad Civil –desde su diversidad contradictoria– se ha comportado a la altura de la historia acompañando de manera independiente la transición política del 2018 y garantizando espacios de crítica responsable. No percibimos la misma voluntad desde los distintos niveles de gobierno, por lo que hemos desistido de participar en el ejercicio de Parlamente abierto convocado por el Senado.
Sostenemos las críticas que hemos hecho a la propuesta militar de Guardia Nacional. Reiteramos que una de las principales preocupaciones que nos despierta el modelo de Guardia Nacional propuesto, es que precisamente entra en contradicción con otros esfuerzos del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia como lo es la nueva Fiscalía General de la República, al otorgarle a la esta instancia la potestad de realizar investigaciones.
Finalmente nos preocupan la regresividad en la política militar que ha llevado a que el día de ayer se reportó en medios de comunicación el regreso de militares a Ciudad Juárez, una localidad emblemática por la valiente denuncia y las graves afectaciones que se sufrieron por la militarización. Hacemos un llamado al Gobierno Federal a escuchar las voces críticas y evitar la descalificación generalizada a las voces disidentes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
