Chihuahua, Chih.- En el marco de la audiencia de formulación de imputación contra el ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo G. T. por la causa penal 20/2019, relativa a un presunto desvío en 2015 de 1 millón 700 mil pesos en falsos apoyos a la Sección 8 del SNTE por el Día del Maestro y el Día de la Educadora, el Ministerio Público señaló que un testigo protegido FAC18-50 -del que se sabe que ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Hacienda- habría declarado que el ex gobernador César Duarte Jáquez y el ex titular de la SECyD, violentando la Reforma Educativa, daban prebendas y libertad de recursos a los entonces dirigentes de las Secciones 8 y 42 del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz y René Frías Bencomo, con la convicción de que con ello "compraban" el apoyo del gremio magisterial para sus futuras aspiraciones políticas y que se peleaban por ese apoyo para sus fines en lo particular.
El testigo identificado con la clave individualizada FAC18-50 habría confesado, según la agente del Ministerio Público, que la liberación de recursos públicos a los líderes de la 8 y la 42 eran instruídos por Duarte de forma más o menos habitual por su pretensión y convencimiento que ello le ayudaría a tener una "buena imagen público- social ante el magisterio y ante la sociedad".
Afirmó que éste lo hacía pensando siempre en el "beneficio personal e intereses personales", sus aspiraciones político- sociales y "sin importarle recursos estatales", los cuales dejaba a disposición de los dirigentes de las Secciones 8 y 42 y del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.
Así, el testigo aseveró que Duarte pensaba que teniendo motivados a los dirigentes sindicales con estos pagos tendría "comprado al sindicato y contaba con el apoyo de los agremiados".
De igual modo, refirió que los pagos siempre eran destinados a atender cuestiones no necesarias para el magisterio, no en base a los lineamientos a la Reforma Educativa, enfatizando que las minutas que se firmaban no tenían ninguna validez, ya que los aumentos salariales quedaban totalmente restringidos con la reforma.
Pese a esta nueva realidad y normativa legal, el testigo denunció que "muchos de estos apoyos se continuaron dando sin justificación legal alguna", así como que estos no eran para aplicarse a los conceptos referidos, sino para seguir manteniendo fuera de la ley pagos previos a la Reforma y para beneficio de Alejandro Villarreal, de lo cual afirmó que era consciente y estaba enterado Marcelo G. T..
El testigo protegido habría referido que este tipo de pagos habrían sido normales y habituales desde a 2012 a 2016, pese a que a raíz de la reforma desde 2014 el gobierno del estado no tenía ninguna obligación de apoyar al SNTE con recursos extraordinarios.
En su relato manifestó que Marcelo G. T. le realizaba de manera reiterada y recurrente peticiones de que diera celeridad a las peticiones de los líderes sindicales, independiente de que hubiera o no disponibilidad presupuestal, al tiempo que vía oral y oficio le reiteraba que así lo instruía el gobernador y que los trámites eran urgentes.
El testigo aseguró que Marcelo G. T. exigía la salida de estas erogaciones bajo la "misma óptica" del ex gobernador de que con ello el gremio magisterial lo apoyaría en sus aspiraciones políticas.
En este sentido, afirmó que Marcelo presumía "abierta y públicamente que contaba con el apoyo de los sindicatos del magisterio y de los trabajadores de Pensiones Civiles".
Afirmación ésta que el testigo señaló que no compartía Duarte, quien consideraba que Marcelo G. T. tenía una "falsa apreciación apoyo", sosteniendo que el apoyo del magisterio "sería de él y no de González Tachiquín", quien aseguraba que una vez dejara la SECyD no tendría apoyo de los maestros.
