Chihuahua, Chih.- Además de otras cuestiones, el proceso penal iniciado al ex secretario de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, Marcelo G. T., por el presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario público en 2015, evidenció, en una pequeña dosis, el negocio que supuso la mal llamada Reforma Educativa. Y uno de los que se habría beneficiado de ello y visto el negocio habría sido, según el testigo con identidad reservada identificado como 75W659R, uno de los que habría hecho negocio personal con la transición del Fondeo de Aportación a la Educación Básica y Normal (FAEB) al FONE (implementado con la Reforma) habría sido Juan José Chimal, cuñado del mismísimo ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien se especializó en ofrecer consultorías y asesorías sobre el manejo y regularización del nuevo fondo en diversos estados, no sólo en Chihuahua, sino también al menos .
En el caso de Chihuahua, los testigos situaron a Chimal como el enlace entre el gobierno del estado y la empresa Explocean S de RL a través de la cual se habría simulado en abril de 2015 el desvío de los 23.2 millones por un servicio de "asesoría técnica y financiera para el análisis de la recuperación y/o reestructura y/o regularización con base en una determinación de incremento o déficit al presupuesto del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal" que nunca se habría llegado a prestar según el Ministerio Público.
Según habría declarado al MP quien fuera también titular de la SECyD en el gobierno de César Duarte Jáquez, Ricardo Yáñez Herrera, -también encausado- la empresa Explocean, a través de Chimal, habría obtenido en Chihuahua el contrato para regularizar el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) nuevo fondo introducido con la Reforma Educativa en 2014 para la gestión de los recursos destinados para cubrir el pago de los servicios personales de los trabajadores de la educación del subsistema federalizado.
Ese primer contrato habría tenido lugar en 2014 cuando el titular de la SECyD aún sería Pablo Espinoza y a quien los socios de Explocean habrían exigido el pago de 50 millones de pesos por, supuestamente, haber contribuido a la regularización de hasta mil millones de pesos a través del FONE.
Sería aquí donde vendría a colación la supuesta reunión aludida en su testimonio del testigo protegido en 2015 en la Ciudad de México y en la que participaron entre otros César Duarte, Ricardo Yáñez, Jaime Herrera, Salvador Zuluaga y el citado Juan José Chimal, quien habría exigido el pago de los 50 millones de pesos.
Según este relato, ante la imposibilidad de hacer frente al pago completo en ese momento, el gobernador Duarte ordenó el pago parcial de 20 millones "para quedar bien con el presidente" y Marcelo G. T. fue quien pidió la suficiencia presupuestal.
El propio Yáñez habría referido al Ministerio Público que la misma Explocean S de RL, asesorada por Chimal, habría prestado servicios similares, al menos, en los estados de Sinaloa y Baja California.
