Chihuahua, Chih.- Entre los testigos que declararon ante el Ministerio Público e implicaron al ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo G. T., en el presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario público, concretamente de Servicios Educativos del Estado, en abril de 2015, estaría el también ex titular de la SECyD y actualmente también encausado Ricardo Yáñez Herrera. En este caso también estaría implicado el entonces director general de los SEECH, Diógenes Bustamante Vela, quien estampó su firma para pago del monto del contrato supuestamente simulado y cuyos servicios nunca se prestaron.
La agente del MP hizo alusión la interposición con fecha 26 de febrero de 2018 de una denuncia en torno a irregularidades detectadas en el expediente contratación de la empresa Xplocean que nunca prestó los trabajos de "asesoría técnica y financiera para el análisis de la recuperación y/o reestructura y/o regularización con base en una determinación de incremento o déficit al presupuesto del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal" por los que había sido contratada.
La exposición situa en el mismo 10 abril 2015 la emisión de la solicitud de suficiencia presupuestal firmada por el imputado Marcelo G. T. y la firma y autorización del pago de los 23.2 millones de pesos por parte de Diógenes Bustamante.
En la enumeración de testigos que declararon ante el MP y situaron al imputado en la distracción de los recursos públicos y la simulación del proceso educativo, además de algunas autoridades como el apoderado de los SEECH y coordinador Jurídico de la SEyD, Fernando Robles Velasco, o el actual director de los SEECH, Manuel Arias Delgado, la agente del Ministerio Público citó a Ricardo Yáñez Herrera.
Cabe recordar que Yáñez ocupó la titularidad de la SECyD en la última parte de la administración de César Duarte Jáquez, tiempo después de que José Miguel Salcido Romero, quien fuera el inmediato sucesor del hoy imputado, abandonara la dependencia tras un corto espacio de tiempo en el cargo.
Entre las anomalías detectadas se encontrarían, entre otras, la no existencia de entregables que justifiquen la prestación del servicio contratados, la no existencia del acta de la junta directiva de SEECH autorizando el contrato y la realización del pago por servicios nunca fueron prestados.
