- Señala el Gobernador del Estado que su postura siempre será en contra de cualquier invasión a la soberanía estatal
Nunca tuvimos duda del carácter violatorio a los Derechos Humanos y la invasión a la soberanía estatal en la Ley de Seguridad Interior, publicó el gobernador Javier Corral en sus redes sociales y destacó que “ahora nos preocupa el Plan de Paz y Seguridad 2018-2021, porque es antifederalista”.
“Chihuahua fue el único Estado que controvirtió ante @SCJN la #LeydeSeguridadInterior; nunca tuvimos duda de su carácter violatorio de los Derechos Humanos y la invasión de la soberanía estatal. Ahora nos preocupa el Plan de Paz y Seguridad 2018-2021, porque es antifederalista”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El gobernador compartió también el mensaje que dirigió a los chihuahuenses y a los mexicanos el día que se presentó la demanda de controversia Constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, por los efectos perniciosos no solo para Chihuahua, sino para todo el país.
Javier Corral enfatizó que esa seguirá siendo su postura frente a cualquier invasión a la soberanía estatal, presente o futura.
“Estamos convencidos de que invade la soberanía del Estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera y pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad y protección de datos personales, a la libertad de reunión, al principio propersona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal”, dijo el titular del Ejecutivo estatal desde febrero de 2018.
Consideró entonces como inconstitucional que una ley pretenda asignar a una ambigua Ley de Seguridad Interior, funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que corresponden a la seguridad pública y por lo tanto a las autoridades civiles según dispone el Artículo XXI de la Constitución.
“Nos parece muy delicado que el presidente de la República pueda solicitar por sí mismo, sin que medie solicitud del Poder Ejecutivo de una entidad o de la Legislatura estatal, disponer de las fuerzas armadas para instaurar una intervención militar en un estado o en determinada zona geográfica del país y aquí es donde encuentra mayor sentido nuestra oposición a esta Ley, toda vez que el diseño legislativo en esta materia, prefirió un modelo de sustitución de autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva”, explicó en su mensaje.
También señaló que institucionalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, terminará desestimulando la necesaria profesionalización de los cuerpos policiacos estatales y municipales.
