Denuncia REDODEM que la de Peña Nieto fue una política migratoria de revictimización, deportacones 'fast track', violación de derechos y acuerdos internacionales

Chihuahua, Chih.- Durante la presentación esta mañana en Chihuahua del quinto informe  de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes “El estado indolente: Recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México”, la encargada de Formación de la propia REDODEM, María Helena Hernández Lara, denunció que la del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha sido una política migratoria revictimizadora, de persecución del  migrante, de negación sistemática de su derecho a migrar y a solicitar asilo, así como de deportaciones y repatriaciones “fast track” por la vía rápida violando los más elementales derechos humanos y acuerdos internacionales signados por México al negar el compromiso adquirido en el año 2000 para permitir solicitudes de asilo antes de echar a nadie.

 Acompañada de Jorge Pérez Cobos, director de la asociación civil Uno de Siete Migrando y la Casa del Migrante de Chihuahua, y el padre Luis Eduardo Villarreal, director de la Casa del Migrante Casanicolás en Monterrey, Hernández Lara afirmó que en el periodo 2012- 2018  la tónica dominante en la política migratoria del actual gobierno de la República ha sido la de la revictimización.

Aseguró que los migrantes que han transitado por el territorio mexicano durante este sexenio han sufrido la criminalización, la discriminación y la persecución, los tres factores que aseveró constituyen en sí la revictimización como tal.

Prosiguió manifestando que los principales agentes a la hora de infringirla fueron las policías en todos sus ámbitos, pero “también algunos otros cuerpos que no son necesariamente policiacos como el Instituto Nacional de Migración pero que empieza hacer funciones policiacas”.

En este sentido, refirió que estas acciones no tienen que tan sólo con las detenciones llamadas “de aseguramiento”, sino que también se debe hablar de la naturalización de un enfoque basado en la seguridad.

“Se ha percibido y se ha construido un discurso en donde las personas migrantes son vistas como una amenaza a la seguridad nacional como si vinieran aquí a apropiarse de nuestro territorio (…) osea una política de seguridad nacional busca proteger aquello que constituye un estado, ¿qué es el estado? La población, el territorio y la cultura, es decir, ésta (la migración) se está percibiendo como si fuera una amenaza nuestro territorio, una amenaza nuestras costumbres ,a nuestra identidad y también una amenaza a la seguridad individual de las personas que tenemos nacionalidad mexicana”, denunció.

A este respecto aseveró sin tapujos que se trata a las claras de “cosas que en la práctica son totalmente falsas”, enfatizando que “no son las personas migrantes las principales amenazas que se tienen a esto, es más, yo creo que si hiciéramos una reflexión profunda hacia cuál es la principal amenaza a la seguridad nacional, a lo mejor llegaríamos a identificar muchas personas que actualmente ocupan puestos claves dentro de la política económica y la política de seguridad de nuestro país”.

María Helena Hernández lamentó que se está impulsando el señalar a las personas migrantes como si fueran criminales, visión que se ha institucionalizado a través de los discursos y la actual política migratoria.

De igual modo, no dejó pasar el marco ni la ocasión para criticar y exhibir como sistemáticamente el México de Enrique Peña Nieto ha incumplido “las responsabilidades internacionales del estado mexicano”, empezando por la ratificación en el año 2000 por parte de México de la Convención del Estatus de Refugiados, que obligaba a la República “a generar una serie de mecanismos para que las personas que solicitan asilo y que soliciten refugio en México puedan tenerlo sin mayores contratiempos”.

Recordó que en base a este acuerdo internacional, México está obligado a antes de deportar a alguien escuchar “de dónde viene y por qué está aquí y si desea quedarse aquí o si necesita ir para un tercer país”. “Éso es algo que el propio estado Mexicano se ha comprometido desde el año 2000 paradójicamente en los últimos 18 años especialmente los últimos se ha negado la posibilidad a muchas personas”, concluyó de forma tajante a este respecto la integrante de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.