Chihuahua, Chih.- En una resolución sin precedentes y pragmática, tras más de 20 años de lucha en los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario reconoció plenamente sus derechos territoriales a la comunidad rarámuri de Choréachi, Municipio de Guadalupe y Calvo, para que sus habitantes puedan ejercer su autonomía y libre determinación, otorgándoles la calidad de propietarios de su territorio por haber demostrado su propiedad inmemorial. Una sentencia que sentará precedente y abrirá las puertas a otras comunidades indígenas en la misma lucha como Coloradas de la Virgen, Repechike y Mogotavo.
En días pasados, el 30 de agosto, el Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México, resolvió por unanimidad el recurso de revisión 357/2007-5 por el cual revoca la sentencia de primer grado que había emitido el Tribunal Unitario Agrario Distrito de la ciudad de Chihuahua.
La sentencia del TSA, apenas notificada el pasado jueves, el Tribunal reconoce la comunidad indígena de Choréachi tiene derecho a su territorio y sus bienes naturales al demostrar ser preexistente al Ejido Pino Gordo y las comunidades agrarias de Coloradas de los Chávez y Tuaripa, ascendiendo el reconocimiento a una superficie total de 32 mil 832 hectáreas.
EL TSA valoró la presentación y desahogo de diversas pruebas documentales como lo fueron las periciales en antropología, en lingüística y en topografía y basó su resolución en los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen los derechos para los pueblos y comunidades indígenas.
El origen del conflicto se remonta a la decisión de la hoy Sedatu para la sobreposición de linderos de la comunidad mestiza Colorada de los Chávez, creyendo que Choréachi estaban dentro del territorio y los intentaron despojar de su voz.
Cayetano Bustillo Ramos, representante comunal, agradeció el apoyo recibido por todos aquellos que los acompañaron en este largo camino que los llevó a poder celebrar hoy la preservación de “nuestro hogar, nuestra vida, nuestra esencia”, recordando que muchos amigos y defensores perdieron la vida por el camino.
Exhortó a que “ahora con más ganas” las autoridades los ayuden a cuidar este territorio, no sólo de ellos sino de todo Chihuahua, enfatizando que la que hoy se daba a conocer era una noticia que debían celebrar todos.
Junto a él estuvieron Porfirio Ramos, segundo gobernador de Choréachi, Macario Ramos Durán, primer gobernador de Choréachi, Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre, quien recordó que el litigio ante las autoridades agrarias inició allá por el 2007, pese a que los afectados ya habían iniciado las movilizaciones al respecto desde 1998, así como Ernesto Palencia Gómez, asesor jurídico de la comunidad.
Ernesto Palencia fue el encargado de dar a conocer la importancia y las implicaciones de esta resolución del TSA, entre ellas el impedimento para otras comunidades y empresas para explotar el bosque (pese a que desde hace 11 años existiría un impedimento más laxo). El asesor aprovechó para externar su deseo de que “esperemos que las instituciones del Estado Mexicano dejen de litigar contra los pueblos indígenas” y la resolución quede en firme.
Por su parte, Isela González pidió a la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Derechos Humanos de la SEGOB protección para los habitantes de la comunidad y los integrantes de Alianza Sierra Madre ante posibles represalias ante la resolución, recordando que la comunidad de Choréachi ya tiene mecanismos de protección, al igual que los defensores derechohumanistas de la asociación civil que sólo pueden ingresar a la región con acompañamiento policial ante las amenazas de muerte existentes.
