Chihuahua, Chih.- Este pasado miércoles, el conflicto y la cacería de brujas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua y los señalamientos por malos manejos de su rector, Heriberto Flores Gutiérrez, llegaron nada más y nada menos que a manos del presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Esto después de que el secretario general de la Federación de Trabajadores de las Universidades Tecnológicas del país, Isaías Gómez Vences, le entregara personalmente un escrito haciendo alusión a la grave intromisión en la vida sindical por parte del rector y su gente para tumbar a la actual mesa directiva sindical tras haberle señalado por incumplir el contrato colectivo firmado por él mismo, por negarse a facilitarles la estructura docente que evidencia sobrecargas de 60 horas semanales cuando por ley deben ser 40, despidos injustificados y contrataciones brincándose la obligación de informar al sindicato, … Pero por si fuera poco, el atropello alcanzó su máxima expresión el pasado 28 de septiembre cuando un día después de reunirse Flores Gutiérrez con el secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, y mediante una maniobra fríamente calculada e inusual, un desproporcionado operativo compuesto por los dos apoderados de la UTCH, un abogado del Jurídico de la SEyD, personal de la Secretaría de la Función Pública, un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ¡el Procurador del Trabajo llamado por el patrón! Ejecutaron la instrucción de dar de baja como docente de la institución a la secretaria general del sindicato de la UTCH, Guadalupe Márquez Chaparro por tres supuestas faltas, cuando nunca le respetaron su derecho a licencia con goce de sueldo para atender sus funciones sindicales. La “despedida” interpuso un recurso de amparo indirecto, lo cual le permite seguir al frente del sindicato, al interior del cual el rector ya empezó a mover a su gente con la intención de convocar elecciones próximamente, pero los estatutos impedirían a algunos de sus afines participar en el proceso y los dos a los que aseguran que “compró” con promesas lo tienen difícil. Ante esta situación, no se descarta que las elecciones se retrasen, ante lo cual Heriberto Flores se vería obligado a negociar con los actuales dirigentes del sindicato el contrato colectivo que vence el próximo enero de 2019 con la amenaza de una convocatoria a huelga ya aprobada por la base trabajadora el pasado sábado en caso de que éste se niegue a negociar.
Este miércoles, el secretario general de la Federación de Trabajadores de las Universidades Tecnológicas del país, Isaías Gómez Vences, hizo entrega al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una carta en la cual le pone al corriente de irregularidades y arbitrariedades en las Universidades Tecnológicas de Chihuahua, Izúcar de Matamoros (Puebla) y San Luis Potosí.
En dicho escrito, el máximo representante nacional de la FETUT señala, entre otras cosas, que “le solicito de la manera más atenta tenga a bien hacer un exhorto a los Gobernadores de los Estados de Chihuahua, Puebla y San Luis Potosí, para que reinstalen a los trabadores despedidos injustificadamente y detengan los abusos de autoridad que están cometiendo los Rectores de las Universidades Tecnológicas al despedir injustificadamente a los dirigentes sindicales que solicitan se respeten los derechos humanos y labores de los trabajadores de estas instituciones actualmente son tres Universidades Tecnológicas con despidos injustificados:
(…)”
Para comprender el motivo de esta solicitud de exhorto al gobernador Javier Corral y el origen de los problemas, cabe remontarse al comienzo de este 2018, concretamente al mes de febrero cuando el rector Heriberto Flores rompe total y unilateralmente relaciones con la dirigencia sindical ante los reclamos acusándolo de diferentes incumplimientos del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) firmado curiosamente por él mismo y la propia Guadalupe Márquez el 31 de enero de 2017 cuando otros aires corrían por la UTCH.
En entrevista con El Puntero, Guadalupe Márquez afirmó que el origen del desencuentro, ruptura de las relaciones e inicio del encono hacia el sindicato fue la solicitud al rector para que les facilitara la estructura docente de tiempo completo para ver si se estaba respetando el horario de 40 horas semanales como máximo establecidas en el CCT, al tener conocimiento de casos con hasta 15 horas extras de desfase.
Sorprendentemente, el rector se cerró en banda y se negó a facilitar al sindicato esta información alegando que era de carácter “confidencial”, mientras que al solicitarla por transparencia se las facilitaron sin desglose de horas-clase, grupos tutelados, horas administrativas,… con lo cual se incrementó la sensación de que se trataba de ocultar algo.
Asimismo, relató que el reglamento interno RIPA establece que cada dos años los trabajadores de la UTCH, ya sean asociados o titulares, tienen derecho a una recategorización, lo cual aseguro no ha sido respetado desde la entrada del actual rector, a lo que cabe añadir el atraso injustificado durante una semana al sindicato de la cuota sindical de una quincena y jineteo de ese dinero que sí se les descontó puntualmente a los sindicalizados.
Además, Guadalupe Márquez denunció que desde Rectoría se había procedido a una serie de despidos, entre ellos el del también crítico director de la Unidad de Ojinaga, que más allá de si fueron injustificados o justificados, debían haber sido notificados al sindicato que, recordó, está obligado a brindar acompañamiento al trabajador durante este proceso, más aún cuando no se les pagaba lo que les correspondía por derecho como indemnización por los años al servicio de la institución de educación superior.
La aún secretaria general agregó que la Rectoría de Heriberto Flores también se brincó al sindicato a la hora de no informarle de las contrataciones y vacantes existentes, mismas que en algunos casos podían haber sido cubiertas por compañeros de horas-clase.
“No permite que nadie le lleve la contraria”, esgrimió Guadalupe Márquez en relación al rector, denunciando que si bien el personal docente se supone que debe ingresar a través de un examen- oposición, es de todos conocido que hay gente que ha entrado directamente por instrucciones de Heriberto Flores con la finalidad de ser su “grupo de choque al interior del sindicato”.
Con todas estas posiciones encontradas, el pasado febrero, apenas un año después de firmado el Contrato Colectivo, se rompió el diálogo entre rector y sindicato, con amenaza incluida por parte del primero afirmando que “mientras ella (Guadalupe Márquez) no se vaya, no abro las recategorizaciones”, frase con la que inició su campaña para intentar poner a la base sindicalizada en su contra.
Acto seguido, personal al interior de la UTCH asegura que el rector emprendió una serie de reuniones por carrera con “todo un montaje para sembrar dudas a través de sus lacayos de que Guadalupe Márquez se había robado el dinero”.
Mientras tanto, la dirigente sindical de la UTCH afirmó que el sindicato siguió trabajando con normalidad y participando en reuniones a nivel federal para que las autoridades salientes y entrantes volteen a ver como universidades a las UT que por tantos años fueron utilizadas como botín y cajas chicas de los gobiernos en turno, cuando algunas de ellas tienen mejor nivel que algunas universidades públicas.
La tensión entre Rectoría y sindicato vivió su momento culmen entre el 26 y el 28 del pasado septiembre con una concatenación de hechos que acabaron con el despido como docente de Guadalupe Márquez, ya recurrido ante los tribunales.
El 26 de febrero, según Guadalupe, tras ejercer su derecho a solicitar tres días de permiso económico, se desplazó a la Ciudad de México para participar en su calidad de dirigente sindical en una importante reunión en el Congreso de la Unión con la presencia de importantes personalidades, entre ellas el futuro subsecretario de Educación Superior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Un día después, el 27 de septiembre, el nuevo secretario de Educación y Deporte, Calos González Herrera, sostuvo una reunión a puerta cerrada con Heriberto Flores y luego con el Consejo Directivo de la UTCH en la que, según Márquez Chaparro, hubo voces que reclamaron por qué mientras el sueldo normal de un rector de una universidad tecnológica era de unos 55 mil pesos, el rector de la UTCH percibía 88 mil pesos mensuales.
Curiosamente, tras ambas reuniones, el 28 de septiembre el responsable de Recursos Humanos y el abogado del Jurídico de la UTCH se presentaron en la oficina de la secretaria general del sindicato para solicitarle que acudiera al Departamento Jurídico donde se le iba a levantar un acta administrativa por haber faltado a su trabajo tres días en 30 días, siendo informada que allí se encontraban los dos apoderados legales de la universidad, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Secretaría de la Función Pública, un abogado del Jurídico de la SEyD, y, sorprendentemente, hasta el Procurador del Trabajo ¡llamado por la universidad, no por el trabajador como se supone que debería ser!.
En torno a esta operación desproporcionada y a todas luces orquestada en su contra, pues llama la atención la presencia de la CEDH, el Procurador del Trabajo y la Función Pública, “yo no soy funcionaria pública como para que estuviera la Secretaría de la Función Pública”, Guadalupe acusó a la Rectoría y al resto de dependencias y organismos participantes de actuar por fuera de la ley y haber violentado sus derechos humanos.
A este respecto, el abogado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Marcelo Valenzuela, denunció que en el acta de hechos está plagada de inconsistencias, no señala tan siquiera los días que la maestra Guadalupe faltó, qué horas, alegan que no checó entrada y salida esos días cuando desde que ocupa la dirigencia sindical no estaba obligada a checar y no lo hizo, e incluso acusó al rector y al propio gobierno del estado de incumplir el artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua que los obligaba a concederle licencias con goce de sueldo a ella y a otros dos miembros de su mesa directiva para desempeñar su representación sindical a tiempo completo:
“ARTICULO 105. Son obligaciones del Estado:
(…)
VIII. Conceder licencias con goce de sueldo a los trabajadores que ocupen el cargo de Secretario General del Sindicato y dos miembros más de la Directiva que la misma señale, para el desempeño de las comisiones sindicales que se les confieran;”
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/9.pdf
De igual forma, aseguró que las autoridades violentaron con su actuar la fracción X del Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que habla en el mismo sentido del derecho al permiso por hasta seis años:
“X.-Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años;”
El Licenciado Valenzuela afirmó que el rector también violaba el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo al entrometerse en la vida sindical, sobre todo en sus fracciones IV y V, afirmando que éste establece claramente que los patrones no pueden intervenir en cuestiones sindicales.
Artículo 133.-Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf
Asimismo acusó al rector de intentar desprestigiar a la secretaria general señalándola sin argumentos ni pruebas de malversación de fondos y recursos del sindicato, cuando recordó que Guadalupe Márquez interpuso en 2017 ante la Fiscalía Zona Centro una denuncia contra el anterior secretario general por la desaparición de 800 mil pesos.
Con todo y el “despido” forzoso del 28 de septiembre, Valenzuela manifestó que Guadalupe Márquez aún conservaba su calidad de secretaria general del sindicato tras la interposición el pasado viernes 5 de octubre de un recurso de amparo indirecto, haciendo valer el Artículo 13 fracción C de los estatutos que establece que conservará esa condición y no sería expulsada del sindicato hasta que se resuelva su situación jurídica ante la última instancia.
ELECCIONES CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DEL SINDICATO
En el trasfondo de toda esta historia y ante las deterioradas relaciones con el sindicato y la auditoría de éste sobre el rector, Guadalupe Márquez manifestó que Heriberto Flores pretende convocar a elecciones, a lo cual ellos no se oponen, pero con el ánimo de manipular el proceso para poner al frente del sindicato, valga la redundancia, a “alguien a quien pueda manipular”.
No obstante, la jugada no terminó por salirles como esperaban y es que el estatuto vigente impediría a los afines al rector participar como candidatos en la contienda electoral. Para ello, cabe recordar que en 2016 los anteriores dirigentes salieron en desbandada del sindicato rumbo a la Sección 8 del SNTE, sin contar que los alrededor de 22 agremiados que no renunciaron no solamente impedirían la disolución del sindicato sino que además quedarían al frente del mismo y con todos sus derechos sindicales.
Es por ello que ahora las cláusulas que establecen que aquellos que hayan renunciado al sindicato después de la toma de nota quedarán inhabilitados para contender en un futuro para ser parte del comité y la reserva de este derecho a quienes cuenten con más de un año en el sindicato, impiden a la gente del rector participar.
En este sentido, afirmaron que, no obstante, el rector ya encontró a quien a cambio de la promesa de una plaza de tiempo completo y la Secretaría Académica se prestarían a encabezar la corriente oficialista y arrodillar al sindicato a los pies de Flores.
El pasado sábado se celebró una asamblea informativa en la cual los agremiados trataron el tema del Contrato Colectivo de Trabajo y aprobaron un emplazamiento a huelga para garantizar la negociación del nuevo – si el rector se niega los trabajadores estarían yendo a una huelga laboral- y posteriormente tuvo lugar una asamblea extraordinaria, en la que la situación “se les salió de las manos” y se integró un comité de elecciones.
Ante esta situación, la gente del rector tiene dos opciones, ir a elecciones con casi todo en contra y violentando los estatutos que las fijan en el mes de abril o posponerlas hasta abril de 2019, lo cual conllevaría que el rector Heriberto Flores tuviera forzosamente que sentarse a la mesa a negociar con la mesa directiva sindical de Guadalupe Márquez el nuevo Contrato Colectivo que debe estar firmado antes del 31 de enero de 2019 si no quiere que le estalle una nueva bomba al interior en forma de huelga laboral.
