Chihuahua, Chih.- Acompañado del consejero jurídico de gobierno, Jorge Espinoza, el flamante nuevo representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, Agustín Basave, y los diputados federales por Chihuahua Patricia Terrazas, Miguel Riggs, Mario Mata, y Ania Gómez por Nuevo León, el gobernador Javier Corral Jurado contestó a los señalamientos de la Procuraduría General de la República contra Chihuahua en el caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y acusó a la PGR de haber incurrido en un delito y omisión de funciones al no investigar los hechos probados por la Fiscalía General del Estado contra el ex secretario general adjunto del CEN del PRI y actuar como guardaespaldas del presidente Enrique Peña Nieto.
El titular del Ejecutivo chihuahuense comenzó señalando que la operación de encubrimiento y protección a Gutiérrez desde el centro del país merecía una respuesta puntual, detallada y pormenorizada, afirmando que “es menester que la opinión pública del país sepa el grado de contubernio, componenda e inacción del gobierno de la república para exonerarlo”.
“No solamente son cínicas las declaraciones de la PGR, son vergonzantes, son desproporcionadas después de consumar la audiencia que anticipamos”, prosiguió, asegurando que no hace otra cosa que evidenciar más si cabe la componenda de agentes del Ministerio Público federal y jueces que ya denunció públicamente meses atrás, dando lugar a un deterioro institucional, moral y ético de la impartición de justicia en México.
Corral consideró un acto lleno de cinismo el hecho de que después de no sólo no presentar acusación contra Gutiérrez, llevar a sus ministerios públicos a alegar en contra del caudal probatorio aportado desde Chihuahua y solicitar el sobreseimiento del caso para lograr la exoneración y liberación de Gutiérrez en una inusual concatenación poco transparente de resoluciones de jueces en tres días consecutivos, la PGR salga a estas alturas con el argumento de que Chihuahua obstaculizó el proceso.
Corral consideró abiertamente “absurdo y pueril atribuirle culpas al estado de Chihuahua por este burdo encubrimiento” cuando la FGE obtuvo en su momento suficientes elementos para obtener en primer lugar una orden de captura contra Gutiérrez y posteriormente su vinculación a proceso. Puntualizó que el 3 febrero de 2018 la Fepade recibió la carpeta de investigación completa, el 8 de febrero tras resolver el juez Gerardo Moreno la federalidad del caso se envió copia certificada al Ministerio Público adscrito al Reclusorio Norte, y que el 6 de abril después de que un juez de Distrito de la CDMX ratificara la competencia federal, él personalmente denunció desde entonces componenda entre agentes del MP y la defensa para “jalar el caso a México”, eliminando cualquier participación de Chihuahua en la investigación.
Tras sostener que la PGR recibió todas y cada una de las actuaciones y registros del caso por parte de la Fiscalía de Chihuahua, denunciando que pese a tener ésta a su disposición todas las herramientas del gobierno federal, “detuvo, obstaculizó y desechó” la investigación hecha contra Alejandro Gutiérrez avaladas previamente por algunos jueces estatales y federales.
Enfatizó que la PGR tras acaparar de forma exclusiva el proceso nunca llevó a cabo los actos de investigación serios, pertinentes y responsables para el seguimiento del caso, agregando que al arrebatarle de forma precipitada a la Fiscalía el caso la Procuraduría incurrió en una serie de omisiones ex profeso, que enumeró y por las cuales afirmó que habría incurrido en un delito.
Corral acusó a la PGR de no solicitar a la Comisión Bancaria y de Valores la información para comprobar la ruta de los 250 millones de pesos desviados, como tampoco lo investigó a través de su unidad de inteligencia financiera pese a que la FGE de Chihuahua ya había alertado que parte del recurso había ido a parar a las cuentas bancarias particulares de Alejandro Gutiérrez.
Además, denunció que la Procuraduría General de la República no ordenó el embargo precautorio de bienes del ex secretario general adjunto del CEN del PRI para la reparación del daño, no pidió información al SAT de la situación de las empresas utilizadas para la comisión del delito, no solicitaron al juez de Distrito autorización para investigar los correos electrónicos incluidos en la carpeta de investigación, no identificaron a las personas del CEN del PRI que se reunieron y acordaron encubrir a Gutiérrez, no entrevistaron a los socios de Gutiérrez en la empresa JetCom, no reconocieron el carácter de víctima de Chihuahua, no tomaron medidas contra los apoderados legales de las empresas fantasma para el desvío de los 250 millones de pesos, no ejerció acción legal contra el hijo de Gutiérrez, representante legal de JetCom y quien firmó el contrato para desviar de su fin 4 millones de pesos, y nunca llamó a declarar a Luis Videgaray Caso, Manlio Fabio Beltrones, José Antonio González Anaya, José Antonio Meade, César Gamboa, y Enrique Peña Nieto pese a que están mencionados en las investigaciones como conocedores de datos relevantes.
“La PGR se dedicó a censurar y desestimar su propia prueba en la acusación, es verdaderamente increíble violó su obligación de perseguir el delito, proteger a la víctima”, aseveró.
“Resulta un descaro PGR viniera a decir que el estado de Chihuahua no hizo su trabajo”, lamentó Corral, recordando que fue gracias a la Fiscalía que salió a la luz con pruebas este grave hecho de corrupción político- partidista, que ya tiene a varios ex funcionarios estatales purgando penas de cárcel por delitos de peculado.
El titular del Ejecutivo anunció que el gobierno del estado de Chihuahua interpondrá diversas acciones para exhibir el nivel de cinismo, de colusión, de complicidad, “ya sabemos que esta PGR no sirvió para investigar la corrupción no de éste, sino de ningún caso, el régimen de la corrupción política ese es el legado de Peña Nieto, un legado de descomposición de impartición de justicia”.
