En un acto de congruencia consigo misma, maestra jimenense se ampara ante la justicia federal tras ser notificada para evaluarse; Por falta de transparencia en selección y notificación por vía no oficial

- Podría ser la primera docente que se ampara alegando estos motivos en el estado de Chihuahua

- Hay jurisprudencia a favor de los derechos de los maestros en otros estados

Chihuahua, Chih.- En un acto consciente, meditado y sobre todo de congruencia consigo misma tras cinco años oponiéndose y luchando contra la mal llamada Reforma Educativa en un estado como el de Chihuahua donde lo más fácil pareciera ser dejarse llevar por la corriente, la maestra jimenense Araceli Chávez se amparó el pasado viernes en los Juzgados de Distrito Federales de Chihuahua tras haber sido notificada para presentar la punitiva evaluación docente. Lo hizo con el apoyo y asesoramientos del equipo jurídico de la Sección XXII de la CNTE de Oaxaca en virtud de sentir violados sus derechos humanos por la falta de transparencia y razones en el proceso de selección de maestros a evaluar como por haber sido notificada por una vía no oficial, a través de un corriente correo electrónico. Podría tratarse - al menos hasta donde El Puntero conoce- de la primera maestra que se ampara en el estado de Chihuahua por estos motivos. 

Desde que hace cinco años, en el 2013, el Estado Mexicano impusiera la Reforma Educativa y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente al magisterio nacional, un grupo grande de docentes luchan y trabajan de forma incansable y contracorriente por su abrogación, logrando ganar importantes batallas -muchas veces minimizadas- si bien es cierto que la mayoría de ellas se concentran en los estado del sur de la República, ya que en el norte no ha prendido tan fuerte la lucha, aunque hay que reconocer la existencia de maestros y grupos que en medio de un mar de indolencia generalizado se niegan a bajar los brazos.

Una de las cosas en las que durante estos cinco años se ha hecho hincapié que más lastima al magisterio es la multireferida evaluación docente, no ya por el miedo de los maestros a evaluarse y demostrar su desempeño en las aulas, sino por su carácter punitivo y que pone en riesgo la permanencia del maestro frente a grupo en base a una serie de arbitrarios criterios y fallas en todo su proceso.

Si bien lo habitual, incluso entre muchos que no comparten el sentido de la reforma, es tras recibir la notificación vía correo electrónico, darse a la tarea de prepararse, estudiar, alejarse de la lucha y entrarle al juego de la reforma -con todo lo que ello implica pasando de la lucha a un cierto tipo de complicidad con el carácter laboral de la reforma y la pérdida de derechos adquiridos- hay quienes pese al riesgo se niegan a caer en este juego por razón de congruencia consigo mismo y al mismo tiempo poner una primera piedra de la que alguien más pueda agarrarse.

Este es el caso de la maestra original del Municipio de Jiménez, Chihuahua, perteneciente al subsistema estatal y agremiada a al Sección 42 del SNTE, Araceli Chávez, quien desde hace unas semanas decidió seguir el paso de los compañeros que en otros estados le antecedieron y se ampararon ante la justicia federal y obtuvieron resoluciones favorables, alegando haber sido notificados para evaluarse a través de un correo electrónico “porque es una vía no autorizada, no oficial”.

Así, tras valorarlo mucho, analizarlo con sus seres más cercanos y con el jurídico de la Sección XXII de la CNTE, especialmente con el Licenciado Julio César Velázquez García, Araceli Chávez, terminó interponiendo el pasado viernes en los juzgados federales de Chihuahua un amparo por la falta de transparencia en el proceso de selección en el que fue elegida “no se sabe si fui elegida por tómbola, por dedazo o por deseo de alguien más” y por haber sido notificada vía correo electrónico, una vía no oficial.

Previo a la interposición del amparo, la maestra jimenense solicitó a las autoridades educativas estatales, concretamente a los titulares de la Secretaría de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Jesús Anchondo Argüelles, ser informada por la vía oficial sobre cual había sido el proceso de selección seguido, así como entre otras cosas le fuera facilitada en copia certificada la aclaración sobre su notificación a evaluarse era en base al nuevo Modelo Educativo o no.

La maestra hizo sus solicitudes con fecha 3 de julio, no obtuvo respuesta de parte de ninguna de las dos dependencias anteriormente citadas, y el viernes 6 de julio interpuso su amparo en los juzgados federales, mismo que fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en espera de la respuesta de autoridades educativas estatales y nacionales.

Pese a ser consciente de que la interposición de este recurso legal no es garantía de nada, la maestra aludió la necesidad de ser congruente con su lucha de estos últimos cinco años y su convencimiento de estar siendo víctima de una violación y perjuicio en contra de sus derechos humanos políticos, sociales y económicos, por lo que tras un periodo de meditación había decidido “entrarle” a la lucha desde esta nueva trinchera legal.