Por: Gerardo Cortinas Murra
Demostrar que los gobernantes panistas son -por naturaleza- ineptos, es cosa de niños. Su miopía política resulta más que suficiente para que sus respectivos gobiernos terminen con una generalizada decepción ciudadana. Las semejanzas entre los fracasos de los gobernantes del PAN, así lo acreditan:
A tal extremo ha llegado la frustración ciudadana durante los mandatos de los gobernadores Francisco Barrio y Javier Corral que ambos, en la siguiente contienda electoral local perdieron el control del Congreso: en 1995, el PRI le arrebató la mayoría parlamentaria; en el 2018, Morena redujo el número de los diputados panistas y priistas. Eliminando con ello, la posibilidad de reformas constitucionales -vía fast-track- mediante albazos legislativos.
En los sexenios de Barrio y Corral, acontecieron actos de bestialidad policiaca en contra de genuinos movimientos de resistencia civil. El primero, al término de su mandato, ordenó el desalojo de campesinos indígenas del ejido Monterde. En esa ocasión, “por lo menos 20 indígenas heridos, 11 hospitalizados y 50 detenidos fue el resultado del violento desalojo efectuado por agentes de las policías Judicial del Estado, Antimotines y municipales (La Jornada, mayo 23 de 1997).
La versión oficial fue inaudita: la orden de desalojo fue “porque por un momento se rompió la gobernabilidad y había que recuperarla’. Además, se trató de justificar ese acto de brutalidad policiaca, porque “los policías actuaron en legítima defensa contra la agresión de los indígenas… de ahora en adelante el gobierno estatal actuará con firmeza para restablecer el orden, cuando éste sea violentado por manifestaciones intransigentes”.
El segundo, hace unos días, violentó el principio de racionalidad del uso de la fuerza pública al desalojar a un grupo de campesinos (entre ellos mujeres y niños) que intentaban quitar las barricadas colocadas por el gobierno estatal, so pretexto de que las pérdidas para el erario público superan los 4 millones de pesos, por la evasión del pago de la caseta de Sacramento.
Obviamente, para estos dos gobernantes panistas, los actos de resistencia civil son meras “manifestaciones intransigentes” y por ello, no existe compromiso alguno, por parte del gobierno estatal, para buscar una solución pacífica a los conflictos sociales a través de negociaciones; sino más bien, mediante el acoso policiaco.
Ahora bien, hace unos días, se publicó la Ley de Participación Ciudadana (LPC). Legislación que a mi parecer, entratándose de la revocación del mandato, es una especie de aborto legislativo, ya que los porcentajes que se requieren para “solicitar la terminación anticipada del período de gestión” de aquellos representantes políticos a quienes los chihuahuenses desean mandarlos al rancho de AMLO, son excesivamente desproporcionados. Acreditémoslo:
La LPC exige que la solicitud de revocación de mandato del gobernador esté avalada por cuando menos el 5% del Listado Nominal estatal (LNE); es decir, se requiere que más de 135,000 ciudadanos lo soliciten. O sea, para que el IEE expida la Convocatoria.
Pero, para que el resultado de este “instrumento de participación ciudadana” sea vinculante (¿obligatorio?), se requiere la firma de cuando menos el 35% del LNE;
es decir, recolectar más de 945,000 firmas en un plazo de 90 días naturales. Algo así como recabar 10,000 firmas diarias.
Y por si esto fuera poco, la LPC establece que la solicitud de revocación del mandato del gobernador debe “solicitarse y ejecutarse a la mitad del mandato”; es decir, tendríamos que esperar hasta febrero del 2019, para presentar la solicitud para lograr que Javier Corral se dedique por completo a cuidar a ‘Greta’.
Así las cosas, habrá tiempo suficiente para acreditar que la LPC constituye un insulto para la ciudadanía chihuahuense; y de paso, para confirmar que la miopía política de los gobernantes panistas, es congénita. Mientras tanto, el juicio político promovido en contra de Corral, sigue su curso...
