Chihuahua, Chih.- Fuentes al interior del Instituto Nacional Electoral Delegación Chihuahua informaron a El Puntero la detención el día de ayer del ex secretario general de la Sección 8 del SNTE y líder del SNTE Jóven a nivel nacional, Alejandro Villarreal Aldaz, no verá afectados sus derechos político-electorales como primer candidato plurinominal por el Partido Nueva Alianza al Congreso del Estado este 1 de julio al no existir una sentencia condenatoria en su contra.
Las fuentes consultadas refirieron que si no hay sentencia condenatoria, Villarreal tiene a salvo sus derechos, precisando que "ni la vinculación a proceso, ni la pirisión preventiva le quitan su derecho a participar en la elección".
Sobre si la demora en tanto llega el juicio y que el juez Alexis Ornelas emita una sentencia, lo cual podría llevar hasta un año como promedio, el próximo 1 de octubre Villarreal pudiera incluso rendir protesta como diputado local y ser revestido de fuero, afirmaron que dicha cuestión deberá ser analizada en su momento en el Congreso del Estado.
Llegado ese momento y si el Congreso le negara el poder rendir protesta o si su partido lo retirara antes, no queda claro si su curul en la Torre Legislativa lo estaría ocupando su suplente Baltazar Javier Sáenz Islas o la titular de la Fórmula 2 de plurinominales de Nueva Alianza, Martha Alicia Contreras García, jurídica de la Sección 42, quien tiene como suplente a Lina Estela Sandoval Baca.
Cabe recordar que Villarreal Aldaz fue detenido la pasada madrugada del martes al miércoles y ayer fue imputado junto al ex director general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Diógenes Bustamante Vela, y la ex directora de Administración de SEECH, Martha Patricia Banderas Barrera, de un presunto peculado por el desvío de 5 millones de pesos de recursos públicos entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2016 simulando procedimientos para falsos bonos por el Día del Maestros y falsas becas de media-superior para hijos de trabajadores de la educación. A él en lo particular le fue impuesta prisión preventiva por el plazo de un año.
