Como en anteriores elecciones, una vez más se observa una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto
La actuación de la Sala Superior del TEPJF, con sus decisiones recientes, ha abonado a generar desconfianza y confusión
Nos preocupa la descomposición intencionada y la captura por parte de los partidos políticos del pilar ciudadano de las autoridades electorales
A cinco días de la elección, falta conformar el 10% de las mesas de funcionarios de casilla
Observamos un porcentaje alto, casi de 34%, de sustituciones de funcionarios de mesas de casilla en comparación con otros procesos electorales, así como la duplicación del número de observadores electorales en Chiapas y el Estado de México
Hay riesgo de que se anule la elección por la falta de información sobre gastos de campaña de manera oportuna
Exigimos a todos los actores de la contienda electoral, el respeto y reconocimiento de los resultados electorales
1. Como Comité Conciudadano para la Observación Electoral lamentamos profundamente la incapacidad del Estado mexicano para frenar la violencia política y detectamos un alto grado de desconfianza a las instituciones electorales, los partidos, las coaliciones, las y los candidatos, a las instituciones federales y los gobiernos locales y al proceso electoral, en general. Ello derivado de la falta de contundencia en la actuación de las autoridades electorales para frenar el lamentable desempeño y ausencia de apego a la ley de los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos, así como de la intervención ilegal del gobierno federal, los gobiernos locales y de actores no estatales como empresarios, sindicatos y sus organizaciones y medios de comunicación.
2. Las campañas y los debates han estado plagados de mentiras, engaños, infundios, agresiones directas, verdades a medias y frases fuera de contexto, sin consecuencia alguna para quienes los emiten y difunden. Desgraciadamente, para el avance de nuestra democracia, se ha privilegiado la denostación sobre las propuestas y la construcción de un voto informado. Lamentamos el impulso y la difusión de campañas negras de parte de los medios de comunicación y las redes sociales.
3. Una vez más, observamos una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto por el gobierno federal, los gobiernos locales, los partidos, los empresarios y los sindicatos, y tememos que se haya repetido la transferencia indebida de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales, para apoyar al PRI, mediante empresas fantasma, como ocurrió en Chihuahua. Por ello denunciamos la incapacidad o desidia de las autoridades electorales para frenar y castigar la avalancha de irregularidades. No podemos aceptar esta normalización antidemocrática.
4. En ese sentido preocupa el elevado número de observadores electorales aprobados hasta ahora en Chiapas (4,038) y en el Estado de México (6,184) y que el mismo se haya duplicado respecto del proceso electoral de 2012. Los observadores podrían estar siendo usados para reforzar la compra y coacción del voto desde el interior de las casillas en dos estados con elevados niveles de pobreza.
